Debido a que el presupuesto para las universidades públicas de todo el país ha disminuido de manera gradual y sistemática en los últimos 30 años, integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), expresaron su preocupación por lo que esto puede generar a los académicos y trabajadores administrativos, en detrimento de la calidad de la educación de millones de estudiantes.

En el primer día de actividades de la XXV Asamblea General Ordinaria de la Confederación, Javier Mendoza Rojas, investigador del _Instituto de Investigaciones de la Universidad y la Educación y del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación de la UNAM_; sostuvo que ha habido una disminución gradual, sistemática al presupuesto real para la educación superior cuando la política debía haber sido de crecimiento.

"Desde 1993 fue creciendo el presupuesto hasta alcanzar 185 mil millones de pesos y a partir de 2015 vino la caída presupuestal como resultado de los primeros ajustes que se realizaron en el sexenio de Peña Nieto.

Tuvimos como una meseta en los primeros dos años de esta administración y seguimos cayendo, esto es algo preocupante. Año con año ha variado el presupuesto para educación superior", señaló a los representantes de más de 90 sindicatos universitarios de toda la República.

En ese sentido, opinó que estamos a años luz de dar cumplimiento a la Ley General de Educación, por lo que es necesario pugnar por una nueva política de financiamiento a la educación superior que garantice la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior.

Asimismo, refirió que en el sexenio de Felipe Calderón el gasto federal por alumno fue el más alto con 89 mil pesos, mientras que en el de Vicente Fox fue de 81 mil pesos, 72 mil con Enrique Peña Nieto, mientras que en el presupuesto para 2023 baja a 53 mil pesos por estudiante.

"De 2009 tenemos más de una década de decremento en el valor real unitario que se asigna a educación superior", lamentó.

Por lo anterior, se propuso hacer un frente común entre sindicatos universitarios, universidades, autoridades, gobernadores, diputados federales, locales, estudiantes y académicos para resolver el problema estructural de todas las instituciones de educación superior o de lo contrario se seguirán presentando problemas deficitarios.

Finalmente, se subrayó que debe haber un nuevo esquema de financiamiento que dé certeza a todos los actores a largo plazo y que no suceda lo que sucede cada año, que cada quien busca la manera de cerrar el ejercicio fiscal sin déficit y cumplir con los trabajadores.