La formación de futuros profesionistas debe hacer frente a problemas sociales como la violencia racial y de género, pero también a las asignaturas pendientes de cada disciplina.
El derecho humano a la educación es reconocido por diferentes instrumentos jurídicos internacionales bajo el principio de dignidad humana. En su Agenda 2030, la ONU busca impulsar acciones que permitan el acceso a más personas a los diferentes niveles de formación escolar.
Esta pretensión fue golpeada por la Covid en cuestiones de rezago formativo, recortes presupuestales e incremento en los índices de violencia. Aun así, las instituciones educativas han dado fuertes muestras de resiliencia para continuar sus labores. Algunas reflexiones respecto a este proceso fueron versadas durante una mesa temática organizada por la IBERO Puebla.
De acuerdo con el artículo 3° constitucional, toda persona tiene derecho a una educación gratuita, universal, laica e inclusiva. La nueva Ley de Educación Superior incluye el concepto del interés superior del estudiante, rubro inédito en la región que busca proteger y garantizar el ejercicio pleno de este derecho y todas sus implicaciones.
Estos recursos dotan de obligaciones a las universidades como proveedoras de conocimientos y habilidades para la comprensión y transformación del entorno. “Es muy importante la función que tenemos como institución, lo que estamos provocando en los jóvenes y los adultos”, explicó la Mtra. Rocío Cano Albañez, catedrática de la IBERO Tijuana.
Una de las principales encomiendas alojadas en la nueva legislación consiste en la erradicación de la brecha de género. En México, el 17% de los adultos cuenta con un título profesional; de estos, el 53% son mujeres. Sin embargo, una de cada cinco mujeres no participa en el mercado laboral. Ellas también estudian más posgrados que los hombres, pero ocupan menos puestos de liderazgo.
La mesa de trabajo también discutió las responsabilidades en la formación de abogados a nivel de posgrado. Uno de cada tres juristas mexicanos se dedica al litigio; la labor docente y de investigación es ocupada por el 44%. Por ello, la orientación de los programas académicos de especialización debe relacionarse con la investigación-docencia y la formación profesionalizante.
Para el Dr. José Antonio Bretón Betanzos, un abogado es primordialmente litigante, funcionario jurisdiccional e integrante de fiscalías. Academia, notaría, servicio público son fuentes de empleo alternas que han sido poco atendidas por las escuelas. Estos escenarios, deberían tomarse en cuenta en la formación de abogados, y puedan así responder a todas las áreas de ejercicio posibles.
Como coordinador de los posgrados en Derecho de la IBERO Puebla, Bretón Betanzos es consciente de la importancia que tiene la existencia de una correspondencia entre los intereses del alumnado y la oferta académica. Por ello, consideró indispensable establecer perfiles idóneos de aspirantes para cada programa. A su vez, la contratación de profesores debe estar motivada por el perfil de egreso que se espera obtener.
Al respecto, la incorporación de docentes debe ser dictada por la vocación pedagógica y no por el prestigio del abogado. Los métodos de enseñanza también tendrían que adaptarse a la orientación del posgrado para dotar al alumnado de las habilidades necesarias para desempeñarse en su área.
Caso Ecuador
América Latina tiene una deuda histórica con sus pueblos originarios. La educación ha sido utilizada como herramienta de mestizaje y aniquilación de las culturas desde tiempos de la Colonia hasta nuestros días. La región lleva más de 50 años buscando acabar con toda forma de discriminación racial; los resultados, aunque con luces esperanzadoras, son insuficientes.
Ecuador cuenta con 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, los cuales representan el 6% de la población total del país. El derecho a la educación en pueblos indígenas y el reconocimiento de la diversidad lingüística llegaron tarde al país sudamericano, donde se han extinto dos de las 14 lenguas originarias que se hablan en el país; el kichwa es la más extendida.
La influencia global tampoco ha contribuido a la educación pluricultural. En 2011 se impulsó la homogeneización de los programas de estudio para apegarse a los estándares educativos internacionales. Esto derivó en el cierre de pequeñas escuelas fundadas para cumplir con las necesidades de las comunidades. Fue en 2019 que los levantamientos indígenas expusieron cómo el derecho a la educación es vulnerado permanentemente.
A esto se suma la gestión de la pandemia. La Dra. Judith Elizabeth Pinos Montenegro identificó una “ceguera cultural” que, tal como ocurre en la educación, impuso medidas sanitarias que no corresponden a la realidad de las comunidades. “El ejercicio en Ecuador ha sido una sistemática violación a la consulta de cosas que les afectan. Es importante esta mirada para ilustrar a las personas que deciden sobre la vida de la gente”.
La académica de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador llamó a analizar y cuestionar las prácticas coloniales y homogeneizadoras de los sistemas educativos y los marcos legales para incorporar conocimientos populares y construir sociedades incluyentes desde la diversidad.