La opinión general de la población es que la corrupción y la impunidad son el pan nuestro de cada día, pero también que en lo particular, son características de este sexenio, sobre todo ahora que cualquier acontecimiento se conoce en cuestión de minutos y se difunde en segundos, como por ejemplo lo sucedido con las casas del Presidente y del Secretario de Hacienda, los escándalos de los negocios chuecos con OHL, la fuga de uno de los capos del narcotráfico más buscados, etc.
 
Durante la comparecencia ante el Senado de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de gobernación,  en la que analizó el estado que guarda la política interior del país, en el marco de la glosa del Tercer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues no hay gran cosa que presumir, sino más bien, muchos asuntos que quisieran los priistas se los llevara el viento, como muestra están los hechos violentos de Tlatlaya (Estado de México), Tanhuato, Calera y Apatzingán (Michoacán), aunque no deberíamos extrañarnos tanto si tenemos con EPN el antecedente de Atenco, así como la designación de personajes incómodos en cargos importantes.
 
En efecto, uno de los temas que ha dado mucho de qué hablar es el pago de favores electorales al Partido Verde Ecologista de México por parte del PRI, ya sabe por aquello del nombramiento de Arturo Escobar como Subsecretario de Prevención del Delito, a pesar de los escándalos en los que ha estado involucrado y es que al ser cuestionado por parte de los legisladores sobre este hecho, evidentemente al Secretario, no le quedó otra más que hacerse el sordo, pues para nada se pronunció. Ante dicha actitud, lo que nos hace pensar es que el que calla otorga, es decir, que de verdad el partido tricolor tiene tantas facturas que pagar, hasta el grado de menospreciar la honorabilidad que se debe guardar para nombrar a alguien como funcionario público. Este tipo de acciones, de bote pronto, evidencian la falta de la falta de estrategia en seguridad y derechos humanos.
 
Y aunque señaló que los hechos violentos registrados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, evidenciaron que se requiere una solución integral sobre desapariciones y que por esas acciones se han detenido hasta a 111 presuntos responsables, lo que aún falta por esclarecer dónde están los 43 estudiantes desaparecidos, cuestión que personalmente, no creo que el gobierno federal desconozca, además que omitió mencionar la responsabilidad de la Policía Federal y del Ejército en la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, pese a que investigaciones independientes registraron su presencia en el ataque.
 
En fin que, esta comparecencia no sirvió para aclarar dudas o fijar posturas, sólo para tratar de tapar el sol con un dedo y salir del apuro ante tantos reclamos.