Cada vez que inicia un proceso electoral siempre se dice que será difícil obtener buenos resultados, que el abstencionismo será el gran ganador, que los ciudadanos ahora sí ya no creen en los representantes populares y que por ello habrá voto de castigo, incluso, en todas las entidades federativas la mayoría de la población percibe que la corrupción es frecuente y, como muestra, tenemos que Puebla es el sexto estado del país donde se percibe mayor corrupción, de acuerdo con el estudio "México: anatomía de la corrupción", presentado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En estas elecciones, aunado a lo anterior, tenemos una nueva ley electoral, la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en Instituto nacional Electoral (INE) y sus obvias repercusiones en la organización de las elecciones, como la participación de los candidatos independientes y que la mitad 
de las candidaturas deben ser para mujeres, por la cuestión de equidad de género. Además, las crisis de corrupción e impunidad que hoy más que nunca se han descubierto, porque estoy seguro que el enriquecimiento ilícito, hasta la fecha, es un gran monstruo que ni siquiera podemos imaginar sus dimensiones, pero que gracias al avance tecnológico de nuestros tiempos, llega de forma más rápida a nosotros.
En esta ocasión se elegirán a 500 diputados federales, así como comicios concurrentes en Baja California Sur, Jalisco, Sonora, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Campeche, Tabasco, Yucatán, Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Colima, Estado de México y Yucatán.
Los candidatos a diputado federal de mayoría relativa podrán gastar en sus campañas un máximo de 1 millón 260 mil 038 pesos (aunque realmente se estima que el costo promedio de una campaña política es de 10 a 20 millones de pesos en un estado mediano). Quienes no respeten el tope de gastos fijado serán sancionados hasta con la pérdida de su triunfo, según uno de los puntos de la reforma político-electoral promulgada en febrero de 2014. No obstante, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y la Consultora Integralia indican que por cada peso de financiamiento público que se gasta en una campaña, hay tres pesos que no se ven ni se reportan.
Globalmente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibirá 1,376 millones de pesos; el Partido Acción Nacional (PAN) 1,158 millones; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 886.1 millones de pesos. Después está el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), (rémora del PRI), con 444.7 millones de pesos; el Partido del Trabajo (PT), con 389.7 millones; el Partido Nueva Alianza (Panal) con 371.2 millones de pesos, y Movimiento Ciudadano (MC) con 368.4 millones de pesos. Los tres nuevos partidos políticos, Morena, Humanista y Encuentro Social (PES), recibirán 120.9 millones de pesos cada uno.
Si se observa, hasta en las mismas campañas hay desigualdades, pues si bien se otorga el financiamiento calculando el número de votos obtenido en los anteriores procesos electorales y de conformidad con la cuantía del salario mínimo, evidentemente los partidos que apenas surgieron están en gran desventaja con aquellos de más antigüedad. Lo cual hasta parece natural, en este país en el que impera una de sus características más prominente: el de la desigualdad.