El concepto de lo que significa la Democracia no se constriñe exclusivamente al tema de las contiendas electorales y el triunfo o derrota de los Partidos Políticos y sus candidatos, aunque para la gran mayoría de los ciudadanos eso representa; su acepción es mucho más amplia, ya que de conformidad con el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la vía idónea para conseguir otros principios fundamentales como la seguridad, la paz social, la libertad, una mejor calidad de vida, centrada en el beneficio de los ciudadanos y sus instituciones; de ahí que, como mexicanos  responsables, estamos obligados a  salvaguardar dichos principios, si deseamos que nuestro estado de derecho realmente funcione.
 
Si bien, nuestra democracia es representativa, es lamentable que los partidos políticos sólo aspiren a que la participación ciudadana se vea reducida a la emisión de votos para la elección de sus candidatos. En esa tesitura, la corresponsabilidad entre ciudadanía-gobierno-gobernante  prácticamente es nula, pues cuando los candidatos se asumen como electos, en vez de comportarse como mandatarios, lo hacen como mandantes, es decir, se olvidan de quienes mediante su voto los llevaron a los cargos y ahora asumen que ellos son los que le hacen el favor a los electores de representarlos en los órganos legislativos, en los Gobiernos estatales o en los Ayuntamientos. El poder transforma a las personas y eso se hace más evidente cuando quienes llegan a los puestos, carecen de honestidad y ética para desempeñar un cargo público. Ejemplos sobran en este país.
 
Respecto a la rendición de cuentas y la transparencia, prácticamente no es tema obligado en México pues, por ejemplo, sólo fue posible que nos enteráramos de las casas multimillonarias del Presidente y su esposa, las del Secretario de Gobernación, del Secretario de Hacienda y el Consejero Jurídico del Presidente por investigaciones periodísticas, en las que se dio cuenta que prácticamente los inmuebles fueron obsequios de un grupo de empresarios que se benefició por ser contratistas del gobierno del estado de México, cuando precisamente Peña Nieto fue gobernador de dicha entidad y ahora como titular del Ejecutivo. En otras países, estos casos hubieran implicado la renuncia de los involucrados o su remoción por las instancias competentes, caso contrario en nuestro país, ya que aquí esos hechos no tienen consecuencias y más bien los ciudadanos se han acostumbrado a que no se aplican sanciones a los responsables.
 
La capacidad del gobierno federal para cumplir con su cometido ha sido rebasada, no logró su meta de obtener mayores ingresos, aun con la nociva reforma fiscal que aumentó impuestos, tampoco ha hecho crecer la economía ni generar más empleos, hay aumentos constantes en los precios de todos los bienes, productos y servicios; ha ido creciendo la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos, sumado al desempleo, al subempleo y al deterioro brutal de las condiciones de trabajo. Para contrarrestar todo esto, se supone que para eso fueron instauradas las reformas estructurales.
 
En el tintero sigue la matanza de Tlatlaya, la desaparición forzada de 43 normalistas de  Ayotzinapa, ahora se ha destapado la masacre de Apatzingán en la que presuntamente murieron al menos 16 integrantes de grupos de autodefensas, familiares y seguidores.
 
Sin embargo, la respuesta del gobierno peñanietista fue la de reprender y descalificar las masivas manifestaciones populares exigiendo justicia.
 
Ante este panorama, será justo para la colectividad dejar intocado a un representante en su cargo, que no ha cumplido con sus funciones, sólo porque fue electo por la voluntad popular o emplear la figura de la revocación del mandato, la cual es una herramienta de participación democrática que permite, de manera civilizada, deponer de su cargo a quien defraudó el voto de los ciudadanos.
 
La elección del 7 de junio dará cuenta de la solicitud de millones de votantes para revocar el mandato al ejecutivo federal, caso inédito en México.
 
¿Cuál será la respuesta que dará el Consejo General del INE a esta propuesta ciudadana? ¿Darán entrada a la solicitud masiva o se saldrán por la tangente, argumentando que no es posible atenderla porque no se encuentra prevista por la legislación en la materia? La democracia mexicana enfrentará una prueba de fuego.
 
Las preguntas están en el aire.