Como Primer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, me tocó observar un sinfín de asuntos en los que, evidentemente, el denominador común era la violación a los derechos humanos. El informe global de la ONU, que se dio a conocer en marzo pasado, presentan a México entre los 30 países que más violan los derechos, al lado de Siria, Irak, Nigeria y Rusia; junto con Venezuela, nuestro país es el que tiene la peor situación en América Latina.
 
Según el sitio oficial de Amnistía internacional México, en 2013, el número de denuncias por torturas se elevó al 600%. La desaparición de más de 22 mil personas en el territorio nacional, las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, los feminicidios en Chihuahua y las decenas de miles de secuestros de personas migrantes en su paso por el país reflejan el grave contexto de violaciones a los derechos humanos que ha habitado durante décadas bajo una larga sombra de impunidad.
 
El relator de las Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, presentó un informe el 8 de marzo, en el que aseguró que la tortura en nuestra nación es una práctica generalizada, esto tras su visita en 2014.
 
Posteriormente, el mismo relator, acusó en una carta enviada al Representante de México en Ginebra, Jorge Lomónoaco, a personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores de atacarlo luego de que el subsecretario, Juan Manuel Gómez Robledo, habría mostrado su disgusto por señalamientos de Méndez, mencionando que no fue “profesional ni ético”.
 
Ahora bien, ante los hechos, diríamos que no se puede juzgar lo evidente, es decir, hay datos duros que demuestran que nuestro país no está exento de que se cometan miles de violaciones a los derechos humanos, sobre todo porque el alto índice de impunidad, permite que estas prácticas sean el pan nuestro de cada día; estamos ante un círculo vicioso que no se romperá hasta el reconocimiento del mismo. Si no hay límites, se puede hacer lo que sea y la tortura entra en ello, pues los delincuentes jamás dejarán ser hostiles pues es la forma de actuar idónea para obtener lo que desean.
 
La Constitución mexicana ha sido reformada y adicionada en numerosas ocasiones a partir de su promulgación. En materia de Derechos Humanos, la reforma constitucional que se publicó el 10 de junio de 2011 modificó los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105.
 
En los tiempos que corren, la interpretación de las normas nacionales sobre derechos humanos, es que debe preferirse la aplicación de la norma interna o internacional que sea más favorable a los titulares de los derechos, y a su vez tenemos, que el Estado mexicano debe garantizar la protección de los derechos humanos señalados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por él mismo.
 
Ante esta reciente reforma, digo: no es posible que de un día para otro se espere un cambio en la forma de pensar y ergo en la práctica, si determinado modelo es el que ha aplicado durante bastante tiempo. Los funcionarios públicos se rasgan las vestiduras cada vez que el nombre de México se pone en entredicho y la sociedad parece estar ya acostumbrada a estas cuestiones que dejamos hacer y dejamos pasar.
 
Es prudente, ahora más que nunca,  dar un golpe de timón a la forma de gobernar y a la forma en que como gobernamos nos comportamos.
 
¡No es normal que vivamos así!