De acuerdo a un informe presentado por el Congreso de la Unión, en los últimos cinco años, se ha incrementado en un 19.89% el número de mujeres que han sido privadas de su libertad, siendo la principal razón del aumento, su participación en el narcomenudeo.
Pero la cifra aumenta hasta en un 52% entre las mujeres indígenas que han sido detenidas por supuestamente haber cometido delitos contra la salud. (Fuente CDI, 2006).
La profesora investigadora Rosalva Aída Hernández Castillo, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología social (CIESAS) y que forma parte del Sistema de Centros Públicos de Investigación del CONACYT, señala que: “Racismo estructural, criminalización de la pobreza, violación a las garantías individuales, genealogías de exclusión y violencia, son algunas de las características que definen la impartición y el acceso a la justicia de mujeres indígenas en el país”.
La Dra. Hernández Castillo llevó a cabo una investigación en la que, a través del Taller Historias de Vida, documentó la situación de las mujeres indígenas que están presas en el Cereso Femenil de San Miguel, Puebla, y en la sección femenil del Cereso Morelos en Atlacholoaya. Señala la experta:
“La experiencia de las mujeres indígenas presas es tal vez un espacio privilegiado para analizar las contradicciones que existen entre la retórica del reconocimiento y los espacios reales de justicia del Estado. La Criminalidad se encuentra permeada por las diferencias étnicas y de género”.
En el marco de un proyecto financiado por el CONACYT denominado “Globalización, justicia y derechos desde una perspectiva de género y poder”, la Dra. Rosalva Hernández, con la Dra. María Teresa Sierra, investigadora también del CIESAS, señala que:
“Uno de los resultados que encontraron es que el 100% de las mujeres presas en Morelos y el 98% de las presas en Puebla que fueron las dos cárceles que trabajamos, no contaron con traductor, no sabían que tenían derecho a un defensor de oficio y la mayoría de ellas, y es la tendencia nacional según el censo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI) están en la cárcel por lo que se ha tipificado como delitos contra la salud, que es narcomenudeo”.
Los dos casos de los CERESOS que fueron visitados en la investigación, son sólo una muestra de lo que sucede en la mayoría de las cárceles del país, donde actualmente se encuentran sujetas a proceso o purgando una condena mujeres miembros de pueblos o comunidades indígenas, cuya violación a sus derechos humanos y a un debido proceso son vulnerados en forma por demás alarmante, por las autoridades, con una actitud de desprecio y total indiferencia para darles un trato digno, desde su detención hasta que son sentenciadas, por la comisión o participación en delitos contra la salud como la siembra de estupefacientes o narcomenudeo, o por otros delitos que van en contra de la paz o seguridad pública en Estados donde actualmente se criminaliza la protesta social como Puebla, donde la aplicación de la denominada “Ley Bala” ha servido para encarcelar a indígenas, aprovechando su condición y falta de recursos para defenderse en un proceso, llegando al absurdo de que en los casos en que podrían obtener su libertad bajo fianza, se les impone una, cuya cuantía no pueden cubrir por su situación de extrema pobreza por lo que se ven obligadas a enfrentar su proceso en prisión.
Ésta es la realidad que viven las mujeres indígenas en México, la que ignoran y minimizan las autoridades del país, ya que seguramente en los discursos oficiales por el Día Internacional de la Mujer, ponderarán sus logros y la defensa de sus derechos. Mintiendo una vez más al pueblo.