Ante la grave ola de violencia e inseguridad que se vive en el país, no sólo en algunos de los Estados del Norte y de la zona del pacífico, sino que también se ha venido incrementando en el centro, la gran mayoría de los mexicanos ponemos en duda la confiabilidad de los informes que sobre el aumento de la delincuencia ha venido presentando el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que la frialdad de los números dista con mucho de la situación real que vive la población en diferentes Ciudades, pueblos y comunidades del país; es decir, en las entidades donde hasta hace cuatro años los índices delictivos estaban debajo de la media nacional, hoy empiezan a resentir un notable incremento, por lo que se denomina el efecto cucaracha que hace que los grupos de la delincuencia organizada, cuando tienen mayores obstáculos para sus actividades delictivas en sus zonas de residencia, emigren en forma definitiva o temporal a ciudades vecinas para cometer delitos.

Esta “migración” se da porque saben que en esas localidades existen menos elementos policiacos y las autoridades están confiadas en que la delincuencia no llegará a sus territorios.
 
Así, estados como Puebla han venido resintiendo este fenómeno por su cercanía geográfica con Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Morelos y Tlaxcala, ya que cada vez más bandas que operaban en estas entidades, visitan el estado sin que existan los operativos necesarios para evitar la comisión de delitos como el secuestro, trata de personas, extorsión y robo con violencia, cuya incidencia el año pasado y el presente se ha incrementado en forma alarmante, rebasando  la capacidad de respuesta de las autoridades y originando con ello un clima de miedo y zozobra entre la población, ya que por una parte existe el temor de ser víctima de los delincuentes, y por la otra el miedo de acudir a las autoridades a exigir se tomen las medidas necesarias, se investiguen los delitos y se haga justicia a las víctimas, ya que los últimos acontecimientos como el de Ayotzinapa, Tlatlaya y las agresiones a estudiantes de la BUAP el domingo 8 de febrero en el Zócalo de la ciudad,  por ”desconocidos”, sin que se cuente con la identificación de los responsables y con una investigación confiable, han colocado a los ciudadanos  en una encrucijada en la cual, en primer lugar, se tiene el miedo de ejercer derechos como el de manifestarse  por la represión y persecución de parte de las autoridades; en segundo lugar, el temor de ser víctima de la delincuencia organizada con la complacencia de las policías, como ocurrió en el caso de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero, donde  la Policía Municipal estaba infiltrada por el grupo denominado “Guerreros Unidos” y que respondía a las órdenes del Presidente Municipal y de su esposa.
 
Hecho que aumentó el nivel de desconfianza que tienen los mexicanos en las policías y autoridades de todo el país; por último, el miedo a demandar a las autoridades de los tres niveles cumplan con su función de dar seguridad a la población y de procurar justicia, ya que se ignora hasta dónde las mismas autoridades están coludidas con los delincuentes y pueden filtrar información sobre la identidad de quienes plantean estas demandas, poniendo con ello en riesgo su integridad física y la de sus familias.
 
Lo anterior que pasa por la mente de muchos ciudadanos, en verdad es alarmante y debiera preocuparnos a todos, porque es evidente que la ruptura y descomposición del estado de derecho, están dando cabida al aumento de la corrupción y la impunidad de que gozan los grupos delictivos, con signos de que cada vez más nos acercamos a un estado fallido si no se atiende esta problemática y se da un giro radical a las políticas públicas en materia de seguridad en el país.
 
¿Qué pueden ofrecernos los partidos y sus candidatos para solucionar la situación? Quizás ése no sea el problema, sino, ¿realmente cumplirán lo que propongan?