Después de los lamentables acontecimientos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, con la ejecución de más de veinte presuntos delincuentes a manos de elementos del Ejército Mexicano y de la desaparición de cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero a manos de Policías Municipales de Iguala, coludidos con integrantes del cartel “Guerreros Unidos” y que hasta este día no han sido localizados, ni se ha dado una explicación que satisfaga a los familiares y a la opinión pública, de parte de las autoridades del Gobierno Federal que atrajo el caso y originó la salida de la Gubernatura del Estado del perredista Ángel Aguirre Rivero, otro elemento vino a unirse a los casos anteriores.
 
El  escándalo que envolvió a la pareja presidencial por la puesta al descubierto de la forma en que se adquirió la llamada “Casa Blanca” propiedad de Angélica Rivera y que ha derivado en lo que los analistas políticos denominan como un conflicto de interés, donde se involucra la imagen del Presidente de la República, por las obras otorgadas durante su gestión como Gobernador del Estado de México, a la empresa HIGA que construyó el inmueble.
 
Resulta evidente que en el ánimo de millones de mexicanos, se entrelazan diversos sentimientos y emociones, dignas de analizar por expertos en las áreas de la psicología, política y sociología, debido a que primero prevalece un sentimiento de incredulidad, después de indignación y por último de impotencia por los abusos de autoridad cometidos por soldados en Tlatlaya; de coraje, pena, vergüenza  y sed de justicia por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa cuyo destino final aún se desconoce. Y por último, de malestar e incredulidad ante el descubrimiento de una propiedad cuyo valor supera los 70 millones de pesos y de la cual no se dio información en la declaración patrimonial de Peña Nieto en su momento y se argumentó que la primera dama no estaba obligada a reportarla como parte de su patrimonio por no ser tener un cargo público.
 
La justificación de los hechos que dio por medio de las televisoras a millones dejó más dudas que certezas, ya que tal pareciera que estaba molesta con los mexicanos por la información que se divulgó y que afectó su imagen pública y honorabilidad.
 
Ante el panorama anterior, hace un par de días, el Presidente hizo el anuncio público de un Decálogo de Acciones para recuperar el estado de derecho en el país, dejando entrever que existe un grave problema de ingobernabilidad en varios estados y Municipios que han sido infiltrados por los cárteles y que hay una total falta de coordinación entre las Policías de los diferentes niveles, entre otros puntos a destacar.
 
Si hay algo que lamentamos muchos mexicanos es la falta de sensibilidad de nuestras autoridades para entender el sentir social, la falta de humildad para aceptar que como humanos son falibles y que deben trabajar para mejorar la situación y finalmente, la más grave: no saben aceptar públicamente sus errores, ofrecer una disculpa a sus gobernados y rectificar el camino.
 
¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué prevalece más su orgullo y autosuficiencia que la cordura y compromiso con los intereses de los ciudadanos que hoy más agradecerían una actitud de ese nivel, que planes, programas y propuestas, que no tienen la confianza, suenan más a retórica y como siempre son, más de lo mismo?
 
En mi opinión, vale más ser autocritico y rectificar el rumbo, que seguir hundiendo a México en un océano de mentiras y promesas que no se cumplirán y crearán más descontento social.
 
Es hora de que los políticos nos traten como seres pensantes y no como retrasados mentales, ajenos a la realidad que vivimos y esto aplica no sólo para el Presidente, sino también para los Gobernadores que actúan como dueños de sus feudos y presidentes municipales que piensan que los puestos no son para servir, sino para enriquecerse a toda costa, junto con sus familias cometiendo todo tipo de delitos, como peculado, enriquecimiento inexplicable y tráfico de influencias.