Los recientes acontecimientos de actos de violencia y abuso de poder  en contra de ciudadanos de diferentes Estados del país, como Puebla con el caso de Chalchihuapan,  en donde resultaron heridos más de cuarenta manifestantes y se dio la muerte de un menor de trece años a manos de elementos de la Policía Estatal; Tlatlaya con el asesinato de más de cuarenta personas a manos de elementos del ejército mexicano, bajo la versión de un supuesto enfrentamiento con presuntos delincuentes, sin que hayan existido pruebas de una respuesta armada de los asesinados; y la represión, desaparición y asesinato de más de cuarenta normalistas de Ayotzinapan en Guerrero y cuyos cuerpos fueron encontrados días después en fosas clandestinas en Iguala, nos llevan a pensar en forma seria y alarmante que México se acerca a un grave problema de inestabilidad social, por el embate de los grupos delincuenciales y el crecimiento del narcotráfico en territorio nacional.

La fuerza y despliegue de la delincuencia organizada es cada vez más fuerte por la infiltración que han hecho no sólo entre los Partidos Políticos, apoyando a candidatos a puestos de elección popular, ya sea poniendo Gobernadores, Presidentes Municipales, Diputados locales, Federales y hasta Senadores quienes le deben el cargo, no a los ciudadanos que votaron por ellos, sino a los cárteles que financiaron sus campañas políticas y les dieron los votos necesarios para llegar al poder.
 
De ahí que a partir de este compromiso, resulta evidente que su conducta estará supeditada a defender los intereses de estos grupos y de permitirles crecer en sus comunidades, abandonando a los ciudadanos a su suerte, quienes por más seguridad que les exijan, nunca obtendrán una respuesta de parte de las autoridades, por los compromisos adquiridos con estos grupos, hasta el punto de tener en su nómina a sicarios y delincuentes que a pesar de las pruebas de control de confianza, continuarán en sus puestos.
 
La imagen de México a nivel internacional se ha visto manchada por las denuncias de países como los Estados Unidos y organismos defensores de los Derechos Humanos, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quienes han exigido al Gobierno Mexicano una investigación a fondo de estos hechos en que se han violado los derechos de los ciudadanos y se ha dejado desprotegidas a los familiares de las víctimas.
 
De nada ha servido que el presidente Peña Nieto haya sido galardonado como el estadista del año por impulsar las Reformas Estructurales que se nos ha dicho transformarán al país y permitirán su desarrollo en los próximos años.
 
La atención del mundo está en el esclarecimiento de estos hechos, que han dejado una mala imagen al Gobierno Federal y hoy tienen en vilo la permanencia de dos gobernadores que no han sabido responder a las exigencias de sus ciudadanos.
Es urgente que se den resultados en las investigaciones y se detenga a los responsables de estos crímenes, ya que seguramente en pocos meses, organismos como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciarán en estos casos y de nueva cuenta quedaremos como un país donde el respeto a los Derechos Humanos sigue siendo una utopía.
 
El inicio del próximo proceso electoral federal para la renovación de las 500 curules de la Cámara de Diputados, 9 gubernaturas, 641 diputaciones en 17 entidades, 993 alcaldías en 16 estados y las 16 jefaturas delegaciones en el Distrito Federal se encuentra en grave riesgo, de no garantizarse las condiciones para que los ciudadanos podamos acudir con tranquilidad a las urnas, pero sobre todo, nos obliga no sólo a conocer las propuestas de los Partidos y sus candidatos, sino también a investigar sus antecedentes y nexos con los grupos de poder.
 
Mo estaría mal, además, conocer su situación patrimonial y se les aplique una prueba de control de confianza; el problema no sería su aplicación, sino cuántos de ellos lo aprobarían.
 
Usted, como elector, tiene la última palabra.