Durante los procesos electorales siempre se habla de las dádivas que los candidatos a algún cargo de elección popular obsequian a los electores, tales como vales de gasolina, despensas, dinero en efectivo, juguetes, enseres del hogar, tinacos, etc., y siempre se cuestiona: ¿esto es ilegal?, ¿es una competencia desleal?, ¿es dinero público malversado?, ¿por qué no multar a estos candidatos y a sus agrupaciones políticas de la misma forma que, por ejemplo, se multa a la empresa que vende pastillas para bajar de peso y que no tiene cómo demostrar que su producto funciona?, ¿existe alguna razón por la que la corrupción y la irresponsabilidad si se toleren en los procesos electorales pero no en otros ámbitos?
Ahora, si ellos son los más interesados en obtener el triunfo y que evidentemente no se los arrebate algún tribunal electoral en caso de que su oponente gane la impugnación que haya interpuesto, y aun así transgreden la ley, es decir, comprar al electorado, ¿qué nos hace pensar que sea un éxito todos los medios impuestos para evitar que los programas sociales no se usen en beneficio de ellos? Y aunque se supone que existe el Blindaje Electoral, lamentablemente los partidos políticos y gobiernos han perdido la conciencia de lo que debe ser y del cumplimiento de la ley, por el solo hecho de cumplirla y no por ser acreedores de una sanción.
Dicho Programa de Blindaje se implementa durante los procesos electorales federales, locales o concurrentes, a través de un conjunto de acciones que deben realizar los servidores públicos involucrados en la operación de los programas sociales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), conjuntamente con la sociedad, las autoridades electorales locales y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Entre las acciones se destacan:
· Adelantar la entrega de apoyos monetarios, en especie o en obras provenientes de programas sociales, (aunque la operación ordinaria de los programas no se suspende).
· Suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda institucional, así como giras de trabajo o el inicio o inauguración de obras durante el tiempo que comprendan las campañas electorales hasta la conclusión de la jornada comicial.
· Interrumpir la celebración de asambleas o reuniones públicas masivas de operadores de programas sociales con los beneficiarios.
· Abstenerse de difundir programas sociales en cualquier medio de comunicación, incluyendo redes sociales o por documentos impresos, tanto dentro como fuera de las instalaciones de la SEDESOL, sus órganos desconcentrados y entidades sectorizadas.
· Que el parque vehicular de la Secretaría permanezca en resguardo 48 horas previas al día de las elecciones.
· Verificar con 48 horas de anticipación a la jornada electoral las instalaciones de las delegaciones, entidades sectorizadas y órganos administrativos desconcentrados, para corroborar la inexistencia de elementos, símbolos, distintivos o cualquier otra referencia de propaganda político-electoral y que no haya personas reunidas con esos fines.
Todo lo anterior suena muy bien, pero, ¿por qué son necesarias tantas medidas para impedir el uso de los programas sociales para la compra de votos?, ¿por qué partidos y autoridades son tan corruptos?, ¿en qué momento nuestro país cayó tan bajo?, ¿de verdad es necesario que los programas sociales sirvan para conservar la clientela electoral?
Lamentablemente, la compra y coacción del voto ocupa un lugar tristemente privilegiado en el imaginario colectivo y el discurso mediático.
Con todas estas acciones, lo único que hacen es pervertir el significado más profundo del concepto de democracia y perpetuar las condiciones de desigualdad, aprovechando el estado de necesidad de un sector de la sociedad.
¡Qué triste realidad de nuestro país!