Desde 1988, los programas para combatir a la pobreza (Solidaridad, Progresa, Oportunidades y ahora Prospera) han sido más útiles para que quienes lo instauran estén en los reflectores, que precisamente para cumplir con su objetivo: abatir la pobreza y la miseria siguen afectando a una gran parte de la población en México.
El presidente Peña Nieto señaló en su segundo informe de gobierno, que la estrategia antipobreza del gobierno federal, en el que se invierten anualmente cerca de 73,000 millones de pesos, se transformará para dar mucho mayores oportunidades a las familias necesitadas para incrementar sus ingresos. La diferencia que parece remarcar es que con el “nuevo programa” se suma un rubro generador de ingresos que antes no tenían sus antecesores, como el de otorgar becas para estudios técnicos y universitarios y ofrecerá acceso a educación financiera, ahorro, seguros y crédito y acceso prioritario a 15 programas productivos.
El problema aquí es que el paliativo para tratar de remendar un problema que lleva generaciones y más generaciones aumentando, no es el de dar y que la gente sólo estire la mano para recibir, sino en que realmente se busquen mecanismos para, en primera, dar seguimiento al cumplimiento del programa que trata de abatir la pobreza, que se genere la creación de empleos y el crecimiento de las empresas, que no solamente la política fiscal este orientada a los cautivos que conformamos la clase media, sino también a aquellos que tienen los grandes capitales y se vaya disminuyendo el comercio informal.
Si el gobierno quiere más recursos para dar, justo es que los contribuyentes veamos en qué se emplea esa riqueza y más bien no nos abstengamos de pagar impuestos porque la corrupción continúa llevándose 10 puntos porcentuales del PIB.
Los resultados que a lo largo de los años se han visto con la implementación de este tipo de programas, es que cada vez es más se acentúa la pobreza. Cada día es más difícil encontrar trabajos bien pagados en la economía formal, pues la creación de empleos se ha dejado al sector privado, pero bajo las condiciones estructurales creadas por las reformas neoliberales realizadas durante los años ochenta y noventa; la creación de trabajos en el sector formal se ha estancado.
Datos de la firma Barclays México indican que de 2 millones 849 mil personas sin empleo, hay un número importante de trabajadores que no pueden entrar al sector formal, pero que tampoco los está absorbiendo el informal. Cifras del INEGI señalan que la tasa de desocupación en el país alcanzó en julio su mayor nivel en lo que va del año al registrar 5.47% anual.
Los pobres han sido forzados a migrar a centros urbanos para ganarse la vida a duras penas en el sector informal, o migrar al extranjero, enfrentando una serie de peligros y sacrificios. Además, encontramos que la pobreza también ha contribuido al alto índice de obesidad, pues los campesinos, al haber modificado su dieta y consumir comida chatarra —que es mucho más barata y llenadora que la saludable—, ya no comen adecuadamente y se observa en su deteriorada salud.
Sobre Puebla
De acuerdo con las últimas estadísticas dadas a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el estado de Puebla se ubica como una de las entidades con los índices más bajos respecto a la Evolución de Pobreza por Ingreso, ubicándose en cuarto lugar en el país, solamente por abajo de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y a la par del estado de Hidalgo.
Se estima que 30 por ciento de la población poblana está en dicha condición, lo que significa que a un millón 733 mil 948 personas su ingreso no les alcanza para comprar una canasta básica de alimentos.
El más rico, cada vez es más rico y el pobre, pues tiene que buscar alternativas para subsistir, aunque sea la de estirar la mano.