Muchos países han adoptado leyes que prohíben o imponen restricciones sobre el trabajo de los niños, pese a estos esfuerzos, el trabajo infantil sigue existiendo a escala masiva. Este fenómeno es infinitamente complejo, es imposible hacerlo desaparecer de un plumazo y se presenta en mayor número en los países subdesarrollados.
 
Una de las principales causas que propician el trabajo infantil son los ingresos insuficientes e inseguros y una falta de protección social para las familias, así como el abuso y la violencia intrafamiliar.
 
El Módulo de Trabajo Infantil del INEGI estimó que en México —durante el cuarto trimestre de 2013— habían 29.3 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años en el país, de los cuales 2.5 millones se encontraban realizando alguna actividad laboral.
 
Los cinco estados que presentaron mayor índice de niños de entre 5 a 17 años laborando en 2013 fueron, en primer lugar, Colima con 14.3 por ciento; seguido de Guerrero con el 13.9 por ciento; en cuarto lugar aparece Guanajuato con el 13.2 por ciento y en quinto lugar, Nayarit con el 12.7 por ciento.
 
La tasa de ocupación infantil en Puebla, en 2013, fue del 13.6 por ciento, muy por arriba de la nacional del 8.6 por ciento; esto ubicó al estado como la tercera entidad federativa con más alto porcentaje de niños laborando. Este dato es preocupante para las autoridades de los gobiernos estatal y municipales, porque en conjunto con la trata de personas, falta protección a los derechos humanos de los menores.
 
Otro dato alarmante es que el 25 por ciento de los niños y niñas ocupadas recibe hasta un salario mínimo, el 24 por ciento de uno a tres salarios mínimos y el 47 por ciento no percibe ninguna remuneración.
 
De conformidad con las estadísticas anteriores, el hecho de que tantos miles de infantes se ven obligados a trabajar durante este periodo de su vida, indica que es necesario atender este problema social, pues se enfrentan a severos riesgos, ante los cuales tenemos aún muy pocos instrumentos institucionales eficaces para garantizar el principio del interés superior de la niñez y protección de sus derechos básicos consagrados en el artículo cuarto constitucional y en los instrumentos internacionales por el gobierno mexicano.
 
En efecto, basta con salir a las calles de la ciudad y observar que hay niños en estado de mendicidad, haciendo malabares, limpiando vidrios, etc. Para darnos cuenta de la magnitud de la situación.
 
Ahora, ¿cuáles son los instrumentos con los que se cuenta para hacer frente a semejante problema? En este momento pongo a la discusión dos tipos de acciones. La primera es el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT, el cual presta asistencia a los gobiernos, a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en el logro del objetivo de eliminar progresivamente en trabajo infantil. IPEC colabora con la Alianza Cooperativa Internacional y el Sector de Cooperativas de la OIT para identificar y fortalecer el papel de las cooperativas, pues en esta tipo de empresas se respaldan para cooperar y tratar de abatir el trabajo infantil, pues sostienen que las cooperativas, en calidad de empresas de la economía solidaria, pueden ser importantes medios de distribución de la riqueza y de la extensión de la seguridad social básica.
 
Por otro lado, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha emitido una convocatoria que consiste en recibir las solicitudes de aquellos centros laborales interesados en obtener el Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil.
 
La cuestión es que en nuestro país, inmerso en la corrupción, este tipo de acciones darán verdaderos frutos de cambio o sólo se plasmarán cifras apócrifas con tal de brindar un mejor informe.
 
La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de aumentar la edad mínima para laborar de 14 a 15 años, presentado como iniciativa preferente, pretende limitar que as empresas empleen menores, so pena que ser sancionados por las autoridades del trabajo.
 
No creo que esto sea la solución al problema de la explotación del trabajo infantil. Se requieren políticas públicas que realmente protejan y garanticen los derechos de los menores. Otro de los pendientes que el gobierno mexicano tiene con los grupos vulnerables.