El gobierno federal asumió parte proporcional de los pasivos laborales de Pemex y la CFE, que ascienden a 1.7 billones de pesos, de los cuales alrededor de 700 mil millones de pesos se convertirán en deuda pública.
 
Se establece que el asumir el gobierno federal los pasivos labores de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad deberá sujetarse a  que las obligaciones del pago de las pensiones y jubilaciones conlleven en el mediano plazo, a una reducción de las obligaciones de en este rubro por parte de las empresas.
 
De igual forma, a que se ajuste la edad de retiro a lo establecido en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de las instituciones del gobierno federal. Además, a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice una auditoría específica a los fondos para identificar las características de las obligaciones de pago y las determinantes de su evolución.
 
Y finalmente, a que la ASF finque responsabilidades si se detectan actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y obligaciones.
 
Sin embargo, aun cuando se pretenda señalar cuáles serán los beneficios que la tan sonada reforma energética traerá consigo, si se le nombra a Pemex como una empresa productiva del Estado, la nueva Ley que la regula resalta que ésta es propiedad exclusiva del gobierno federal.
 
La cuestión que resalta aquí es que el incentivo del gobierno es recaudar y si el propietario es él mismo, no tiene que rendirle cuentas a nadie sobre su toma de decisiones; en cambio, si fuera una empresa del Estado, estaría encargado de administrar de la mejor forma para maximizar las utilidades.
 
Podríamos aplaudir el hecho que se quiera velar por las prestaciones laborales de los empleados de la Comisión y de Pemex, sobre todo, si nosotros fuéramos parte de ellos, lo aplaudiríamos, pero hay que recordar que esto se llevará a cabo, si a más tardar en un año -a partir de la entrada en vigor de la reforma-, dichas empresas alcancen un acuerdo con sus respectivos sindicatos para modificar el contrato colectivo de trabajo y sus respectivas disposiciones relacionadas con el personal de confianza, con la finalidad de reducir en el mediano plazo el pasivo laboral dentro de las empresas, y como lo señalé anteriormente, cuando también la Auditoría Superior de la Federación realice una revisión específica a los fondos de pensiones y jubilaciones de las empresas, con el objeto de identificar las características del pasivo laboral referido.
 
Y en caso de detectar actos ilegales, proceder a fincar de responsabilidades (de esto último tengo mis reservas, porque una vez obtenidos los resultados, por un lado ¿se señalarán responsabilidades y a la par se comenzará a resolver sobre las pensiones? ¿Una cosa depende de la otra y hasta que no haya sanciones, se procederá al trámite de las prestaciones correspondientes?)
 
Vale la pena recordar que cuando se llevó a cabo la privatización de los ejidos, de los ferrocarriles, bancos, teléfonos, televisión, etc. que se entregaron al capital privado en aras de la productividad, sólo han servido para enriquecer a unos cuantos, dejar a los pobres más pobres y al Estado pasando a los pagadores de impuestos cautivos con la carga fiscal.

 

Antecedentes

Hace 50 años, cuando se modificó de fondo, por última vez, el sistema de pensiones de Pemex, la esperanza de vida en México era de 60 años. En consecuencia, la edad de retiro de 55 años de edad o bien el derecho a una pensión después de 25 años de servicio significaba que, en promedio, el sistema pagaba pensiones durante periodos de alrededor de cinco años. Al incrementarse la esperanza de vida de los mexicanos a 77 años, el sistema tiene que soportar el pago de pensión, por trabajador, por periodos de entre 20 y 30 años. Naturalmente, no hay sistema de pensiones que pueda enfrentar una carga financiera de esas proporciones, sin ajustarse a la nueva realidad.
 
Pemex requiere competir sin cargar con pasivos laborales excesivos.