La reforma fiscal aprobada por el Congreso de la Unión el año pasado y que entró en vigor a partir del 1 de enero del año en curso es, sin duda, una de las de mayor importancia de los últimos años, por la serie de medidas que se implementaron, para lograr —ahora sí— meter en cintura a millones de contribuyentes que desde hace mucho tiempo se habían negado a pagar impuestos aunque estuvieran obligados, así como a quienes los pagaban falseando información o manipulando sus operaciones para pagar menos o reclamar devoluciones que muchas veces no estaban del todo justificadas.
El trabajo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se verá reforzado por la información que las instituciones bancarias están obligadas a proporcionar sobre las finanzas de los contribuyentes, que deberán ser acordes con sus ingresos evitando con ello se evada el pago de los impuestos respectivos.
Otro de los elementos que permitirán que exista un mejor control y seguimiento de las actividades y servicios que ofrecen las empresas y reciben los particulares, es la facturación electrónica que obliga a los proveedores a registrar sus operaciones comerciales y a reportar al SAT en forma clara y transparente el monto de sus ingresos y egresos que deberán reflejarse en sus declaraciones.
Todo esto suena muy bien y da la impresión de que se logrará que muchas personas que viven de la economía informal, ahora sí, se registren como contribuyentes, aumentando con ello la cifra del año pasado y que la información de las actividades económicas del país que registran organismos como el INEGI, sean reales y se termine con la especulación y manejo de las cifras supuestamente “oficiales”; sin embargo, en el imaginario colectivo de los ciudadanos, aún prevalecen las prácticas evasoras y sobre todo el malestar que origina el tener que pagar impuestos a un Gobierno que hasta este momento no ha demostrado en los hechos que se castigue a quienes, abusando de sus cargos como funcionarios, han malversado recursos públicos o tienen investigaciones por peculado.
Desde Secretarios de Estado, Gobernadores y funcionarios de otros niveles que han logrado salir impunes de las acusaciones en su contra y siguen escalando a otros puestos de mayor importancia; de ahí que muchos ciudadanos vean en el pago de los impuestos una carga y busquen por todos los medios evadir el pago, bajo el argumento de que los recursos que se aporten sólo servirán para enriquecer a la clase política o para pagar a funcionarios que no cumplen con sus obligaciones u otorgan servicios de pésima calidad, sin que se les sancione o separe de sus cargos.
El hartazgo sobre estas situaciones es mucho, ya que en México, a diferencia de otros países, muchos funcionarios entienden que ocupar un cargo público es una gran oportunidad para salir ricos del puesto y para lucrar con los ciudadanos para darles los servicios, es decir, el puesto es para servirse de él, no para servir a quienes con sus impuestos pagan su salario.
El artículo 31 de la Constitución señala: Son obligaciones de los mexicanos: fracción I…. II… III…IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Aunque jurídicamente no está a discusión la obligación de los ciudadanos de contribuir a los gastos públicos, desde el punto de vista social y de la obligación del estado de dar servicios eficientes a los ciudadanos, se presenta la inconformidad de éstos, en cuanto a que no están dispuestos a pagar, cuando no hay reciprocidad en el manejo adecuado de los recursos y sobre todo en los altos salarios que recibe la burocracia gubernamental y exenciones de pago de impuestos que se otorgan, así como los privilegios con que cuentan a costa de lo que pagamos todos los que tributamos.
Mucho ayudaría a la sociedad mexicana el que la clase política comprenda que el problema no es pagar los impuestos, sino la forma y destino que se da a los mismos y sobre todo, que mientras no se castigue a quienes cometan delitos relacionados con el ejercicio de un cargo público, que como se mencionó lejos de eso, saltan de un puesto a otro gozando de una impunidad insultante para quienes producen con su trabajo la riqueza de este país.