Durante por lo menos los últimos veinte años, los mexicanos hemos sido testigos de una serie de escándalos que han venido enfrentado los gobernadores de los Estados, por asuntos tan delicados como el apoyo a grupos de narcotraficantes como en el caso del exgobernador de Quintana Roo, Ernesto Villanueva, emanado de las filas del PRI; posteriormente del morelense Sergio Estrada Cájigal de las filas del PAN; del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, emanado del PRD y también de Fausto Vallejo relacionado por medio de su hijo con “La Tuta”.

Otros casos también que son de llamar la atención y que han causado la indignación de la opinión pública, son las de los exmandatarios acusados por desvío de recursos, enriquecimiento inexplicable, peculado  y corrupción y ahí encontramos a personajes de todos los partidos políticos y corrientes.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones e indagatorias que se han abierto por casos como los mencionados, siguen siendo muy pocos los exgobernadores que han sido sujetos a un proceso penal y muchos menos aún los que han tenido que pisar una cárcel por tales motivos, situación que ha originado la idea de que con los que actualmente ejercen el cargo, las cosas seguirán igual y que aunque se les denuncie o pretenda iniciarles una investigación por la comisión de delitos en el ejercicio de la función pública, no sucederá nada; ya que si el siguiente gobernador es de su mismo partido político, éste se encargará de dar carpetazo a las indagatorias y para el caso de que ganara un candidato de otro partido, siempre es posible negociar la impunidad, por medio de las dirigencias nacionales de los institutos políticos o con la Secretaría de Gobernación federal, intercambiando votos de sus legisladores para aprobar las reformas o iniciativas que al presidente convengan.

A final de cuentas no pasará absolutamente nada con los delitos que se le imputen al exgobernador, quien tranquilamente se puede retirar a gastar el dinero obtenido o bien, a buscar otro cargo en la cámara de diputados o senadores, de acuerdo al calendario electoral, o hasta una secretaría de estado, es decir, siempre es posible seguir viviendo del erario y continuar una carrera en puestos de más alto nivel, como el Varguitas de la película “La Ley de Herodes”, hasta pretender llegar a la presidencia de la república; ésa ha sido la historia de muchos exgobernadores que han construido su poder y negociado los intereses de sus estados en aras de un proyecto de largo alcance, sin importar la opinión y los problemas de sus gobernados, ya que se ha vuelto común que desde que han asumido su cargo, piensan que lo que sigue es lograr la candidatura de sus partidos a Los Pinos como algo natural y en ese afán, no les importa sacrificar las finanzas públicas, ni el bienestar de los ciudadanos.

Por todo ello, considero que es necesario se lleven a cabo las reformas necesarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para evitar lo que está sucediendo y limitar el poder feudal de los gobernadores, que han convertido a los Estados en su coto de poder, violando derechos humanos, empeñando los recursos públicos y corrompiendo a los poderes estatales, terminar con las partidas discrecionales y que realmente la Auditoría Superior de la Federación actúe con mano dura, cuando detecte desvíos o mal manejo de los recursos públicos; que la Procuraduría General de la República haga algo en los casos de denuncias ciudadanas y de organizaciones de la sociedad civil que se presenten en contra de los mandatarios y que estos asuntos no queden en manos de los Congresos locales o del Poder Judicial controlados por los recursos del poder ejecutivo.

Realmente es urgente revisar lo que está sucediendo en varios Estados del país con el trabajo e inconformidades en contra de los Gobernadores, desde Javier Duarte en Veracruz hasta Rafael Moreno Valle en Puebla, a final de cuentas el que sean de diferentes colores partidistas no ha hecho la diferencia.