El 5 de febrero del próximo año, los mexicanos estaremos celebrando el primer centenario de la Promulgación de nuestra Constitución, por lo que nuestras autoridades a nivel federal y de los Estados, así como la Cámara de Diputados y Senadores anunciarán una serie de eventos y ceremonias para conmemorar dicho aniversario, donde los discursos y sobre todo las menciones a los precursores de su promulgación, serán recordados, haciendo remembranza a la lucha revolucionaria que dio nacimiento a las garantías sociales consagradas en los artículos 3º, 27º y 123º o más bien, a lo que aún queda de ellos, es decir, con las más de 600 reformas que ha sufrido el texto original, lo que salta a la luz es que los últimos 6 Presidentes juntos han promovido el mayor número de reformas de los años recientes, bajo el argumento de adecuar el texto original a los grandes cambios y transformaciones que ha tenido la situación del país y para contar con un instrumento más eficaz para regir el estado de derecho a favor de todos los mexicanos.

Argumentos que carecen de sustento, debido a que una de las mayores preocupaciones de los Presidentes ha sido promover el mayor número de reformas, para marcar el sello de sus administraciones y con el objetivo de pasar a la historia como los precursores de los grandes cambios y reformas que México necesita.
 
En el análisis y balance del impacto y resultados de tantas reformas, nos podemos llevar muchas sorpresas y decepciones, básicamente porque muchas de ellas, surgieron por la presión de organismos internacionales y políticas dictadas fuera del país, obligando a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a promover las modificaciones y adiciones al texto constitucional, para responder a los intereses de empresas trasnacionales o de inversionistas extranjeros, deseosos de explotar las riquezas naturales, al costo más bajo posible y buscando obtener jugosas ganancias, sin importar a nuestros representantes que ello implique hipotecar a la nación o vender lo poco que nos queda como país soberano, ya que cada vez más dependemos de los intereses extranjeros en las ramas más estratégicas de la economía nacional, como las instituciones bancarias, explotación de la energía en todas sus modalidades, la minería, las telecomunicaciones y el petróleo cuya venta ha quedado abierta a empresas extranjeras, bajo el argumento de que el precio de las gasolinas bajará y se crearán más fuentes de trabajo con mejores salarios para los mexicanos, promesa hasta el momento incumplida, ya que no vemos por ninguna parte estos beneficios, a pesar de las declaraciones y estadísticas de los Secretarios de Hacienda y de Economía, las reformas estructurales promovidas por el Presidente Peña Nieto todavía no se aprecian en el bolsillo de las familias mexicanas y el poder adquisitivo del salario continua en picada, sin que se vislumbre una mejora en el mismo, ni a corto, ni mediano plazo.
 
Cabe preguntarnos: ¿En qué benefician a los ciudadanos las reformas a la Constitución, si cuando se discuten y aprueban, no son palpables los resultados prometidos? ¿Qué es lo que queda del contenido del texto original y en qué momento perdimos el rumbo para hacer realidad el ideal de justicia social, por el que lucharon los Constituyentes del 17?
 
Es conveniente celebrar el centenario de nuestra carta magna, pero más lo es atender a los más de 70 millones de pobres del país, que viven en la miseria y son víctimas de la desigualdad y marginación. Por ello también es momento de reinventar el texto constitucional para solucionar esta dramática situación, lo que sería realmente digno para conmemorar su primer centenario.