Para la mayoría de los mexicanos, el discurso de que ahora sí va en serio el combate a la corrupción gubernamental y al dispendio de recursos, desvíos y abusos en el manejo de los recursos que reciben los Gobiernos estatales, de la Federación, sigue siendo una utopía y es que para aquellos que han ocupado dichos cargos y para quienes aspiran alcanzarlos, significa solucionar de por vida, su situación económica y la de sus familias por lo menos para sus siguientes tres generaciones y casos, los tenemos por montones, es decir, el sueldo de los gobernadores que se da a conocer a través de los portales y páginas de transparencia de ninguna manera justifica el caudal de recursos y desmesurado incremento de su patrimonio personal y de sus familiares cercanos con el que terminan su gestión gubernamental, de antemano, cuando un candidato apuesta por el cargo, es capaz de vender su alma al diablo y de aliarse hasta con la delincuencia organizada, para alcanzar su objetivo, por ende, desde el inicio de su administración se ve obligado a pagar las facturas y cumplir los compromisos que pactó con aquellos que apoyaron con recursos económicos su campaña electoral y le permitieron obtener el triunfo, lo que significa que el voto de cualquier ciudadano, como usted o como yo, que no invertimos en tan “noble” proyecto, quedan en el olvido y las acciones de gobierno se encaminan a beneficiar a todos aquellos que aportaron recursos, con la idea de recuperar su capital y verlo incrementado, por medio de puestos, contratos, licitaciones, prebendas y privilegios para ellos o sus familiares y porque no decirlo, también con impunidad para cometer delitos o actos de corrupción al amparo del Poder.

Esa es la historia en México, de la forma en que se construyen y financian candidaturas, desde el Presidente de la República, Gobernadores, Presidentes Municipales, Senadores, Diputados Federales y Locales, quienes llegan al poder, tienen muy claro que, antes de cumplir sus promesas de campaña, programas de gobierno y Planes de desarrollo, su prioridad es cumplirle a quienes les deben el haber conseguido el puesto, de ahí, que las demandas de los ciudadanos y los programas sociales, quedan sujetos a los intereses de los Partidos Políticos y gobernantes, quienes sólo se mueven de acuerdo a lo que conviene a su proyecto político y de conservar el poder a costa de lo que sea y pasando por todos aquellos que se opongan a sus planes; por todo ello, es muy fácil para los grupos de la delincuencia organizada y carteles, promover candidatos, apoyar con  recursos en las campañas  y sobre todo colocar a incondicionales en las principales áreas de seguridad y corporaciones policiales, lo que les permite ir controlando territorios y delinquir sin ningún problema.

Un aspecto que poco se ha analizado, de este contubernio entre grupos delincuenciales y gobernantes, es el hecho de que es probable, que dinero público en un momento determinado, también se utilice para apoyar estas actividades obteniendo jugosas ganancias y fortaleciendo a determinados carteles en ciudades y estados completos.

Por todo ello me he pronunciado, porque exista una supervisión permanente al patrimonio de los presidentes Municipales y Gobernadores antes, durante y al termino de sus gestiones al frente de sus puestos, incluyendo a sus familiares más cercanos, hasta el tercer grado y también porque se fiscalice el uso del presupuesto que manejan por la Auditoría Superior de la Federación y no por las Contralorías estatales o por los órganos de fiscalización designados por los Congresos locales, cuya labor es manejar políticamente las auditorías contra los enemigos y a toda costa dejar a salvo la responsabilidad de los gobernadores, a quienes la mayoría de las veces le deben el cargo.

Mientras factores como éste, no se modifiquen y se avance en serio en contra de los abusos y corrupción de los gobernadores, el Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, seguirá siendo uno más de los sueños mexicanos.