El anuncio de la próxima entrega de la medalla Belisario Domínguez por parte del Senado de la República al empresario Alberto Balleres, ha desatado una serie de inconformidades y protestas de diferentes grupos y organizaciones de la sociedad civil, calificando dicho acto como un insulto para la inteligencia de los mexicanos, ya que demerita el valor que tiene la presea que ha sido otorgada a ilustres mexicanos y estadistas que han hecho importantes aportaciones al país y que se han hecho acreedores a recibirla por haber prestado un servicio excepcional a la nación en los campos de la política, el activismo social, las ciencias, las humanidades o las artes y de beneficio a la sociedad.
 
Al respecto, académicos e investigadores han señalado que si bien es cierto Balleres es un próspero empresario y creó el ITAM, además de ser dueño del Grupo Peñoles, Palacio de Hierro y GNP seguros, su fortuna en buena parte se ha incrementado por los beneficios y concesiones que ha recibido de los inquilinos de los Pinos, desde López Mateos, Miguel de la Madrid hasta  los expresidentes de extracción panista Vicente Fox y Felipe Calderón, que le permitieron acrecentar su fortuna en un 900% de los años 2000 a 2014; acto que  para los senadores priistas fue suficiente para otorgarle dicha presea, por lo que de aquí en adelante no sería extraño se entregará a dueños de grandes empresas o consorcios, que después resulta estaban involucrados en actos de corrupción, evasión fiscal o violaciones a derechos humanos de sus trabajadores, es decir, pesará más en el ánimo de los legisladores, el tamaño de la fortuna del empresario y los favores que puede hacer al Gobierno federal, que el trabajo de mexicanos que verdaderamente han destacado en ámbitos tan atacados como el activismo social.
 
Hasta en este rubro las políticas neoliberales son las que definen, con lo que se devalúa en todos sentidos su entrega. Pero esa ha sido y será una tónica de los Gobiernos del PRI, como los casos de que se han premiado con becas para cursar estudios de Maestría en el extranjero a exgobernadores como el coahuilense Humberto Moreira en la Universidad de Barcelona y que dejó endeudado al Estado que gobernó por más de 76 mil millones de pesos y hasta la fecha, no se le ha fincado responsabilidad alguna y recientemente el premio a la corrupción al exmandatario de Veracruz, Fidel Herrera, que en su momento fue acusado de tener nexos con grupos del narcotráfico y que ahora fue designado  como cónsul también en Barcelona, a pesar de no  contar con  experiencia o trayectoria en el campo de las relaciones internacionales o diplomacia, lo que demuestra una vez más, que los viejos vicios del tricolor siguen vigentes y que vale más una orden presidencial, que la condena de la opinión pública sobre este tipo de actos, que causan hartazgo e indignación entre los ciudadanos, pero que finalmente quedan en lo mismo, es decir, no hay marcha atrás en las decisiones, como en el caso del ex procurador y ahora flamante Ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, quien carece de una trayectoria en la judicatura y cuya designación se sostuvo a pesar de las protestas y argumentos de los grupos ciudadanos y miembros del Poder Judicial de la Federación para que se nombrara a un funcionario con los méritos y carrera judicial, para llegar al máximo tribunal del país y ahora se prepara mediante el método de las cuotas partidistas la designación de dos nuevos ministros para continuar con esta ola de pagos de favores y facturas políticas en autoridades como la Suprema Corte, cuyas decisiones atraviesan por un estigma de entreguismo y seguimiento de línea desde Los Pinos, violentando su independencia y autonomía para conservar la División de Poderes y preservar el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho.