Las mega obras urbanas y el populismo suelen estar acompañados de políticas autoritarias y represivas ya que casi siempre pretenden ser ejemplos paradigmáticos.
No es casual que los urbanistas más destacados ejerzan con extraordinarios apoyos en países con regímenes de carácter dictatorial como China, las dictaduras de Asia Central o en países petroleros del golfo pérsico o América Latina.
Los clientes favoritos de los grandes urbanistas suelen ser empresarios transnacionales, dictadores, reyes, presidentes o gobernadores que imponen su poder a costa de graves problemas sociales. La falta de sensibilidad es el lugar común de tales expresiones ya que difícilmente anteponen el bien común de los pueblos que gobiernan.
Desde luego que los países con modelos democráticos también realizan mega obras pero con una clara diferencia; en estos, no son meros caprichos. Las grandes realizaciones tienen mucho de sentido común y se implementan con moderada dosificación; es decir, se promueven obras de alto beneficio social al mismo tiempo que obras de carácter suntuario.
Ante ello, conviene preguntarnos ¿Por qué el urbanismo autoritario triunfa a pesar del rechazo manifiesto de los ciudadanos o de una aceptación obligada porque ello significa un bien social-familiar?
Es posible construir una explicación a partir de las siguientes premisas:
Las ciudades son centros de poder que tienen asignado el control de un determinado territorio, con fronteras generalmente bastante claras.
Los centros urbanos reflejan el conjunto de relaciones sociales que en ellos tienen lugar así como el grado de democracia o autoritario de sus gobiernos.
Así también, las estructuras urbanas suponen un equipamiento necesario para soportar las actividades que garanticen control social y territorial.
En países como México, el ejercicio del poder político se demuestra con grandes obras urbanas; entre más grandes, mejor; aunque éstas sean inútiles. El modelo de gobierno participativo se reduce más a la participación privatizadora de los servicios que el Estado está obligado a ofrecer tales como electricidad, agua potable, recolección de basura, etc.
Las políticas públicas urbanas
En las políticas públicas implementadas se puede leer entre líneas, la postura de los gobiernos sobre todo en los procesos electorales. Gran parte de los presupuestos son orientados a obras ornamentales cuando los centros urbanos carecen de funcionalidad o mantienen altos niveles de depredación ambiental.
Es necesario considerar cambios en la forma de plantear el desarrollo urbano en las ciudades mexicanas. Se requiere de un plan sistémico de revalorización de las obras urbanas, su naturaleza y su objeto social. Esto es lo que logrará reconocimiento social y no el endurecimiento del aparato de control social: servicios de inteligencia, policías o ejército.
Solamente la participación ciudadana genuina ha probado tener los mejores resultados si se pretende orientar las políticas públicas en favor de un urbanismo participativo. Cambiar el esquema de control coadyuvaría al fortalecimiento del urbanismo participativo y disminuiría los recursos aplicados en obras suntuarias.
Si bien la promoción del desarrollo económico de las ciudades se considera algo esencial para la vida urbana moderna, no debería hacerse en detrimento de la calidad de vida de la población en general.
En Puebla, por ejemplo, el riesgo principal de la participación ciudadana es que se reduce a ser beneficiara de programas sociales gubernamentales. No tiene atribuciones específicas y surgen organismos que simulan activismo ciudadano, generando no sólo desinterés sino creciente desconfianza hacia las administraciones gubernamentales.
A manera de conclusión
Es imprescindible mejorar el control y la decisión ciudadana. Se recomienda que las diversas instancias de participación social hagan la modificación específica de las normativas participativas para que sean claras las funciones específicas de vigilancia y control de cada una de las instancias involucradas.
Los órganos de planeación, sobre todo los municipales, deben estar en control de los ciudadanos y apoyados por los distintos niveles de gobierno. Los esquemas más exitosos combinan la participación de organizaciones civiles, instituciones de educación superior y gobierno ¿por qué no retomar dicho esquema para decidir prácticamente el rumbo de nuestras ciudades?
Sin duda este es uno de los temas que más polémica causa entre profesionales del urbanismo y los profesionales de la política. En un futuro no muy lejano, la política se verá sujeta a planteamientos técnicos cada vez más fundamentados por su naturaleza de procedencia social. Ir en sentido contrario es fortalecer el autoritarismo que aún deja mucho que desear.
Lectura recomendada: Jaime Rodríguez Arana. Ética, política y urbanismo. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM