banner 1

940X100

logo

banner l

México ocupa el segundo lugar en impunidad por la falta de jueces, tiene una calificación de 75.7 en dicha área y ocupa el lugar 58, superado sólo por Filipinas, según el Índice Global de Impunidad 2015, estudio realizado por la Universidad de las Américas de Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, y evaluado por la ONU.
 
Sumado a ello, siguen vigentes en el imaginario colectivo, los escándalos, cuyo protagonista es el Presidente de nuestro país: como la Casa Blanca y los conflictos de interés, originados por su estrecha relación con Grupo Higa, principal beneficiario de contratos de obra durante su gestión como Gobernador del estado de México y ahora en el Gobierno federal; el escándalo de la adquisición de las residencias de Malinalco de Luis Videgaray y de la residencia de Lomas de Chapultepec de Osorio Chong, el cuestionado  nombramiento de Virgilio Andrade, hecho por el Presidente Peña Nieto, para investigar los conflictos de interés que han afectado la imagen de su Gobierno, pero esa es sólo una parte de la historia que se conoce gracias a las redes sociales, porque en el ámbito de los estados, las sorpresas que nos llevaríamos los mexicanos pueden ser de escándalos aún más grandes.
 
01derechos01Como una respuesta, para tratar de salir de esta crisis, en días recientes se aprobó el  Sistema Nacional Anticorrupción, que se supone permitirá combatir actos de corrupción y fortalecerá el sistema democrático del país. Así pues, los legisladores prometen que dicho sistema, será la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
 
Bajo este contexto, el Ejecutivo de la nación hizo patente su beneplácito a diputados y senadores por este hecho, sin embargo, la felicitación tiene un trasfondo, pues precisamente él queda fuera de la aplicación de esta nueva ley. En efecto, la figura del Presidente de la República quedó intocada, porque la responsabilidad de los servidores públicos está reconocida en los artículos 108 y 109 de la Constitución Federal y la inmunidad procesal la contempla el artículo 110 constitucional, y esta reforma no modifica su texto actual, de lo que se concluye que como siempre hacemos los mexicanos, tratamos de arreglar un problema, pero en el fondo siempre se protegen intereses de las altas esferas del poder, negociando bajo la mesa, la redacción final y candados de las leyes.
 
Si bien, con la llegada de las redes sociales la impunidad ha quedado al descubierto de forma más rápida y hasta diría eficiente, lastimosamente ésta es la que se transparenta, cosa contraria a la declaración patrimonial de los servidores públicos, porque con las reformas, si bien, se les obligará a entregar sus declaraciones y dar a conocer los casos de conflicto de  intereses, no están obligados a hacerlas públicas, por lo que, como siempre, los últimos en enterarse que hay un saqueo del patrimonio del Estado, somos los ciudadanos.
 
Como sociedad nos enfrentamos a la mancuerna corrupción-impunidad, difícil de separar, y menos de lograr que se apliquen  sanciones a los responsable. La corrupción le cuesta al país cerca del 10% del PIB, cantidad excesiva, más aun cuando sabemos que existen millones de pobres y que la riqueza está muy mal distribuida.
 
Entonces, como ciudadanos, ¿qué podemos esperar de estas reformas? Primero, que en los estados los gobernadores a través de los congresos locales, no la obstaculicen  para que adquieran vigencia. Segundo, que la Auditoría Superior de la Federación, una vez que desempeñe sus funciones, como el de la fiscalización para comprobar el destino y el uso de los recursos que se envían a los Estados por parte de la Federación, al encontrar uso ilícito de los mismos haya repercusiones, pues hasta hoy la utilización de esos miles de millones de pesos permanece en la opacidad y sin que se apliquen sanciones a los responsables. Tercero, verdaderamente se castigue a los funcionarios públicos corruptos que sean culpables del delito de enriquecimiento ilícito y se les aplique la Ley de extinción de dominio sobre sus  bienes y fortunas mal habidas. Cuarto, las sanciones se impongan y se ejecuten, sea quien sea; Quinto, que el Sistema Nacional Anticorrupción no se corrompa y verdaderamente su manejo se asigne a ciudadanos probos, honestos y que nunca hayan sido sancionados o inhabilitados para ejercer un cargo público.

banner b1 i2