Los sindicatos universitarios que integran la CONTU publicaron un desplegado dirigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente año, el incremento salarial se fije de acuerdo al porcentaje de inflación del año 2022 y no de la inflación proyectada para el 2023.

Luego de la declaratoria de la CONTU en Monterrey: “Por la atención de los problemas estructurales de las universidades públicas y el cambio en la política salarial”, más de 100 sindicatos universitarios manifestaron su inconformidad con la política neoliberal de topes salariales que se ha aplicado de manera reiterada durante más de cuatro décadas, generando una pérdida acumulada del salario real de los trabajadores universitarios equivalente a más del 70 por ciento.

El documento avalado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) señala que el criterio actual, de topes salariales, ha ocasionado un deterioro progresivo del salario real, debido a que los incrementos autorizados cada año han quedado por debajo de la tasa inflacionaria.

El análisis de la CONTU considera que este deterioro se puede observar en el ejercicio presupuestal del 2022, en el que se estableció un tope salarial de 3.5 por ciento, aumento que quedará muy por debajo de la inflación registrada al cierre de año, que se estima será superior al 7 por ciento.

Los acuerdos tomados por los sindicatos universitarios en el desplegado enviado al titular del Poder Ejecutivo considera que entre el 70 y 80 por ciento de los trabajadores universitarios perciben ingresos mensuales inferiores a veinte mil pesos, por lo que la CONTU solicitará que se revise su situación salarial con la finalidad de que académicos y administrativos puedan ser incorporados al programa recientemente autorizado por la SEP de alza salarial escalonada para trabajadores de bajos ingresos.

Respecto al incremento al salario mínimo general, la CONTU calificó como acertada la decisión del gobierno federal, ya que es un acto de justicia laboral y social, sin embargo los sindicatos universitarios de todo el país pidieron que este tipo de políticas se extienda a los trabajadores administrativos y profesores de las universidades públicas que se encuentren en condiciones de precariedad salarial.

Con referencia a la necesidad de dar mayor certidumbre presupuestal a las Universidades Públicas Estatales, el desplegado establece que los sindicatos de la CONTU pedirán que se agilicen los trámites para definir y establecer los procedimientos que menciona el Art. 65, fracción VI, de la Ley General de Educación Superior para que las universidades puedan alcanzar gradualmente el financiamiento paritario de 50 por ciento entre la federación y los gobiernos estatales, así como dar inicio al proceso de asignación de subsidios plurianuales para el cumplimiento del mandato constitucional de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior.

Finalmente en el caso de la situación de inviabilidad de los sistemas de pensiones y jubilaciones que enfrenta la mayoría de las universidades públicas, la CONTU solicitará que en el PEF-2023 se considere la reactivación del programa de apoyo para el fortalecimiento de los sistemas pensionarios de las instituciones.

Esto con la finalidad de continuar incentivando la realización de reformas que estén orientadas hacia la reducción de sus pasivos contingentes y a la creación y fortalecimiento de los fondos de reserva; además de respaldar económicamente a las instituciones que ya hicieron sus reformas y se encuentran a la espera de estos recursos.