Las consignas feministas “¡vivas nos queremos!”, “¡ni una menos!” o “¡ni una más!”, escuchadas con fuerza cada 8 de marzo, son exigencias imperativas que las mujeres demandan al Estado para el respeto de su derecho a una vida libre de violencia. A causa de las desigualdades de género que existen entre hombres y mujeres, en México 7 de cada 10 mujeres a lo largo de su vida han experimentado algún tipo o modalidad de violencia.

Las cifras de denuncias o delitos que el Estado proporciona son insuficientes para comprender estos fenómenos, pues históricamente el sistema judicial ejerce prácticas reiteradas que obstruyen el acceso a la justicia y derivan en la impunidad institucional frente a la comisión de estos delitos.

De igual manera, las resistencias estructurales que existen para visibilizar y nombrar la violencia contra las mujeres desde el Estado han provocado un alto índice de desconfianza en los mecanismos de justicia. El desaliento para denunciar estos delitos permea considerablemente la acreditación e investigación desde una perspectiva de género.

De manera mensual, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), emite el documento Información sobre violencia contra las mujeres e Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911. En el último corte anual se observa una discrepancia en cuanto al crecimiento de los homicidios de las mujeres y en el decremento de los feminicidios.

Con relación al año pasado, en el estado de Puebla los feminicidios disminuyeron un 46% (17 feminicidios menos), esto en contraste con los 54 casos que el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la IBERO Puebla registró hemerográficamente. A nivel nacional, disminuyeron un 3.6% (33 feminicidios menos).

A pesar de que este dato por sí solo pareciera positivo, esto no necesariamente significa que la violencia más extrema contra las mujeres haya aminorado. Mientras que los feminicidios disminuyeron, los homicidios dolosos aumentaron a un 43%, lo que representa en tasa poblacional un aumento de 2.45 homicidios por cada 100,000 mujeres registrados en 2021, a 3.51 homicidios en 2022.

Esto podría significar que las carpetas de investigación se están abriendo más como homicidios que como feminicidios. En Puebla, los homicidios dolosos ocurrieron 2.3 veces más seguido que los feminicidios en 2021 y 6 veces más que en 2022. Este delito aumentó también a nivel nacional: el 2022 fue el segundo año con más presuntas víctimas de homicidios dolosos en los últimos ocho años.

Otro dato alarmante son los 5,525 presuntos delitos de violencia de género a nivel nacional que se registraron en 2022 y que suponen un aumento del 32% (1,339 delitos más) en comparación al año anterior. Respecto a la violencia familiar, si bien desafortunadamente el SESNSP no desagrega la información de tales delitos cometidos sólo contra mujeres, el año pasado se registró un aumento del 6.6%, en contraste con el 2021 en el país (16,808 más incidencias).

A nivel nacional, el 2022 terminó como el año con más mujeres víctimas de extorsión en los últimos ocho años (3,765). Las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual y las relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual aumentaron 31% a nivel estatal y 19.1% a nivel nacional.

La SESNSP ubicó a Puebla como el segundo año con más víctimas de trata de personas (38) registradas en los últimos seis años. Por su parte, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señaló que 37 mujeres fueron desaparecidas en 2022 y aún no han sido localizadas.

Frente a estas cifras, el llamado que las mujeres hacen con mayor énfasis cada 8 de marzo y 25 de noviembre es para que la violencia cese y que el Estado responda de manera eficaz para prevenir, atender, investigar y sancionar estos fenómenos. Ser mujer en México no tendría que representar vivir en peligro.