En febrero de 2019, la IBERO Puebla presentó el libro Memorias de un corazón ausente de Jorge Verástegui. Durante el evento, una mujer tomó el micrófono y pronunció unas palabras que permanecen en la memoria de la Institución: “yo no necesito una presentación de un libro. Yo necesito encontrar a mi hijo Juan de Dios”. La asistente era María Luisa Núñez, quien unos meses antes había fundado el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla.

Este encuentro contundente con la realidad cimbró a la Universidad Jesuita y a su Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE). Desde aquel encuentro, la misión del área ha sido celebrar actividades que, ante todo, pongan a las familias y sus necesidades en el centro. Comenzó entonces un cuestionamiento real del papel de la academia frente a las dolencias del mundo.

El abordaje de la desaparición de personas ocurre desde diferentes frentes: las víctimas que sobreviven; las familias que caminan; los medios de comunicación que relatan, y las academias que analizan. El objetivo común de todos los actores es encontrar a los desaparecidos, esclarecer la verdad de los hechos, exigir justicia y obtener reparación.

Como expuso la Dra. Pilar Calveiro Garrido en el cierre de la jornada sobre desapariciones celebrada en la IBERO Puebla, se trata de un fenómeno que ha cambiado junto al reordenamiento político de México de los últimos 50 años. En la década de los 70 existía una política de Estado ejecutada por aparatos legítimos y paraestatales, cuyas principales víctimas eran las disidencias políticas.

Años después, las políticas de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dieron pie a la coacción entre elementos de seguridad y el crimen organizado. En esta etapa se diversificó el perfil de las víctimas, desde los opositores políticos hasta migrantes, policías, activistas y personas vulnerables en general. Aquel periodo también quedó marcado por la destrucción y ocultamiento masivos de los cuerpos.

El Gobierno actual ha dado pistas de una disposición por reconocer el problema y emprender acciones al respecto, lo cual, reflexionó Calveiro Garrido, debe impulsar la creación de nuevas estrategias de acción. “Alrededor de 80,000 personas han sido desaparecidas desde 2006. Es un universo inabarcable (…) Se trata de asegurar la verdad junto con la justicia y la reparación. Eso podría hacer la diferencia”.

 

El papel de las universidades

Dos de cada diez desapariciones ocurren en Jalisco. El estado, líder nacional en este rubro, acumula 13,773 personas no localizadas. El ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, fundó su Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia (CUDJ) para dar atención especializada a esta y otras problemáticas de la región, como la seguridad ciudadana, la violencia de género y el cuidado territorial.

Para su directora, la Mtra. Alejandra Nuño Ruiz Velasco, el área fue creada con la misión de materializar una de las máximas encomiendas de la educación jesuita: poner los conocimientos al servicio de la transformación de la realidad. Esto ha sido posible a través de las actividades de vinculación en las que se ha dado acompañamiento integral a familiares de desaparecidos.

Como respuesta al contexto local, el CUDJ dio seguimiento a las negociaciones que derivaron en la aprobación de la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición para Jalisco (2021). De manera paralela, se configuró un Protocolo Institucional de Atención en Casos de Desaparición de Personas, el cual plantea lineamientos de acción internos en caso de que un integrante de la comunidad del ITESO sea víctima de este delito.

Así como el país atraviesa una crisis de derechos humanos, las instituciones educativas también han perdido el pulso de la realidad. En palabras del Dr. Tadeo Luna de la Mora, responsable de Seguridad y Justicia en el IDHIE: “hoy no basta con que una universidad imparta cátedra. La realidad impone a la universidad convertirse en punta de lanza para el desarrollo” en aspectos científicos y culturales.

Aunado a ello se presentan las dolencias específicas de cada región. En Puebla, el llamado es a la atención de problemáticas sociales como la pobreza, el deterioro ambiental y las violencias. Este último eje pone en aprietos a las instituciones educativas, pues mientras que la educación se constituye como un proceso a largo plazo, la realidad exige acciones inmediatas ante las cada vez más insostenibles violaciones a los derechos humanos.

Para solventar el compromiso social, el experto destacó que la Universidad Jesuita han puesto conocimientos técnicos y alcance mediático a disposición de las familias, al tiempo que se han cosechado saberes en círculos virtuosos en los que todos, activistas y catedráticos, aprenden algo. “Conocer la realidad es el único camino que nos puede llevar a comprender el contexto actual y transformarlo”.

Desde aquella primera visita de María Luisa Núñez, el IDHIE y la IBERO Puebla iniciaron sus primeros talleres dirigidos a personas en búsqueda que tuvieron que ser suspendidos con la llegada del coronavirus. La jornada híbrida de cinco sesiones que concluyó el pasado viernes supuso la reanudación de estos esfuerzos.