Los procesos de urbanización en territorios rurales y de amplia riqueza cultural tienen altos costos para sus habitantes. En ese tenor se desarrolló la quinta y última sesión de la serie Extractivismo y defensa de los territorios. Debates para un mundo poscapitalista. Coorganizada por el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xavier Gorostiaga, SJ (IIMA), el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), el Departamento de Ciencias Sociales y el Observatorio de Participación Social y Democrática (OPSCD) en colaboración con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

La zona metropolitana de Puebla ha sido considerablemente modificada con el paso de los años. Aun así, San Andrés Cholula lucha por mantener su cultura milenaria. Así lo indicó Juan Carlos Flores Solís, integrante de Cholultecas Unidos en Resistencia (CHUR). Denunció que se sigue apoyando el desarrollo inmobiliario bajo el discurso de impulso económico, lo cual no corresponde a las necesidades de los pobladores.

El modelo de ciudad que existe actualmente no se ha modificado con respecto a los gobiernos anteriores. “Seguimos con la continuidad del proyecto de hacer una megalópolis en el centro del país. Se quiere centralizar a la población, los servicios y recursos”, describió.

Como indicó el Mtro. Héctor E. Castañón Reyes, integrante de Alianza Global contra la Desigualdad Fight Inequality México, esto propicia un modelo de ciudad segregada en la lógica del valor del suelo: los contrastes generan la plusvalía y permiten capitalizar la rentabilidad de los espacios. “Lo que se opone a esto son las lógicas de resistencia que están al margen de los instrumentos del Estado”.

La crisis del coronavirus ha acentuado lo poco preparados que están muchos territorios para afrontar las situaciones. Por más que se invierta en ellos, los cambios estructurales no llegan debido a que hay otros flujos de valor que condicionan la calidad de vida. Se refirió también a los asentamientos populares como un sector invisibilizado en los censos y, por ende, en la entrega de beneficios y servicios públicos.

Para la Dra. Emma Morales García de Alba, académica en el Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura (DADA) de la IBERO Puebla, el discurso gubernamental ha comenzado a ampliar sus perspectivas en derechos humanos y equidad de género. No obstante, la práctica demuestra que los procesos de planeación urbana se limitan a la respuesta inmediata sin diagnósticos adecuados de impacto ambiental.

Por otro lado, el Dr. David Barkin, profesor distinguido de la UAM-Xochimilco, reprobó la falta de responsabilidad de la ciudadanía. “Somos muy pocos los que hemos cambiado los patrones de abastecimiento de víveres para promover la producción local”, reflexionó.

Principales afectados y reacciones puntuales

Los procesos de urbanización salvaje suponen la devastación de las comunidades: dejan de ser un espacio cultural milenario y se convierten en parte del capital. Las comunidades de San Andrés Cholula han perdido cerca de la mitad de su territorio debido al crecimiento de la ciudad de Puebla.

Flores Solís relató cómo las comunidades se han defendido de maneras muy diversas y creativas. Se ha buscado reivindicar el valor de la siembra y exhortar a no vender las tierras. También se intenta regresar a las asambleas para retomar los sistemas de administración por usos y costumbres, así como escuchar y atender los intereses de todas las personas de la comunidad.

Desde su profesión, el abogado Castañón Reyes indicó que el impulso que se le da al derecho a la vivienda es un recurso clave para exigir garantías por la vía judicial. Los derechos económicos, sociales y ambientales ya están en la Constitución, por lo que lo único que ha funcionado ha sido detener los proyectos con la argumentación de una violación a los derechos humanos.

La Dra. Morales García de Alba señaló que existe la intención de replantear los instrumentos de planeación urbana a partir de usos, costumbres y tradiciones de las poblaciones. En el área metropolitana de Puebla, denunció, hay una incapacidad desde el punto de vista de una estructura urbana fragmentada, lo cual bloquea las posibilidades de tener oportunidades de desarrollo.

Comunidades rurales asumen que las autoridades no les proveerán de servicios básicos, por lo que ellos mismos se hacen cargo de los suministros. “Los pueblos se están dando cuenta de que contrarrestar su propia vulnerabilidad empieza en cerrarse a las cadenas trasnacionales”, reconoció el Dr. Barkin.

 

Compartió que existen iniciativas federales para que las escuelas comiencen a surtir sus insumos alimenticios a partir de la producción local. Para contrarrestar el patrón de segmentación en el tejido urbano se debe establecer una relación de intercambio que estimule las economías regionales y deje de privilegiar las formas internacionales de producción.

Testimonios de criminalización

Los intereses económicos públicos y privados criminalizan a los activistas. En 2014, el movimiento Cholula Libre y Digna buscó defender territorios del municipio que formarían parte de un parque turístico, lo cual terminó con cuatro detenidos. Lo mismo ocurrió con la defensa de los sistemas de movilidad comunitaria prohibidos en el sexenio de Rafael Moreno Valle.

Durante la administración de Miguel Barbosa se han dado detenciones por la defensa del río Metlapanapa. El activista Juan Carlos Flores reconoció que en los espacios que expresan su resistencia a los megaproyectos ha habido presencia del crimen organizado.

Héctor Castañón constató que las inversiones predilectas recaen en lo inmobiliario. Desde el principio, los políticos están comprometidos con este sector económico debido a que el excedente de capital suele destinarse a actos de campaña. De ahí que el Estado utilice la fuerza pública para garantizar estos proyectos.

Se estigmatiza y excluye a las personas que se oponen a la narrativa del progreso, lo que termina con el despojo y la criminalización. “Hay un tema de acoso muy fuerte. En el mejor de los casos es un simple acto de desprestigio, pero estas situaciones suceden en diferentes escalas”.

Alternativas de desarrollo

Es urgente construir un mundo poscapitalista. El Estado moderno se ha fundado a través de la centralización de territorios y economías. Esto implica hablar de relaciones de poder, mismas que también deberían ser modificadas. “Debemos atacar el modelo de ciudad salvaje. Caminamos a través de la resistencia, la organización y la generación de proyectos viables”, concluyó Flores Solís.

Castañón Reyes celebró que las clases medias se estén dando cuenta de lo desprotegidas que están por un Estado débil. En todo el mundo, dijo, se están tomando medidas inéditas relacionadas con rentas básicas, ingresos emergentes y otras reacciones al escenario pandémico.

En ese sentido, la Dra. Morales García de Alba agregó que los modelos de inequidad del espacio urbano han evidenciado las vulnerabilidades. Llamó a utilizar los instrumentos de planeación bajo nuevas lógicas, así como a fortalecer a las instituciones públicas. “Tenemos que defender nuestro acceso a recursos indispensables para la vida digna, lo cual tiene que formar parte de todas las planeaciones urbanas”.

Finalmente, el Dr. David Barkin recordó que ya hay sociedades poscapitalistas que parten de la convicción de que no pueden vivir en el Estado nación que les ha tratado con desprecio durante mucho tiempo. “Su respuesta es la creación de nuevos mundos reclamando su autonomía: el compromiso y el entendimiento de que lo colectivo es más importante que lo individual”, concluyó.