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Viernes, 10 de Julio de  2020
04:27

13El politólogo y analista de seguridad Alejandro Hope expresó que el atentado de la semana pasada al Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México no debe ser tratado como un caso más sino implica dedicar todos los recursos necesarios para llevar a la justicia a todos los autores materiales e intelectuales por confrontar al Estado de esta manera, para que este tipo de casos no se repitan ya que buscan intimidar a las instituciones.

Las fuentes de ingreso monetario y operaciones financieras de los grupos del crimen organizado deben ser blanco de las acciones de las instituciones de seguridad y justicia.

Al participar en el Panel Interactivo de la serie “Escenarios de Seguridad y Violencia 2020”, con el tema “La Violencia Extrema en la Ciudad de México” organizado por la UDLAP Jenkins School, destacó que esta situación pudo haber sido resultado de las pugnas al interior de los grupos criminales.

Este hecho excepcional se leyó como algún tipo de represalia por las acciones en la ciudad de México en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que es importante señalar que el secretario de seguridad que sufrió el atentado lanzó un tweet para que quedara testimonio de cuál fue la organización criminal que llevó a cabo este ataque.

Mario Arroyo Juárez, coordinador académico de la maestría en Administración de la Seguridad de la UDLAP Jenkins School, refirió que el Estado se ha retraído y abdicado de su función fundamental de dar seguridad, ya que en el contexto nacional han ocurrido situaciones violentas en Guanajuato, el Bajío, Sonora, Veracruz, Zacatecas, Michoacán y Sinaloa.

La delincuencia organizada se siente con la impunidad de actuar ante el relajamiento de las instituciones de seguridad sea por incapacidad o voluntad, por lo que debe haber una definición estrategia nacional de seguridad ya que sólo son documentos de naturaleza política y no de políticas públicas.

El reto más allá de analizar desde el punto de vista forense respecto al ataque del secretario de seguridad, en este gobierno se quiere ver la seguridad como una cualidad de gobiernos anteriores cuando es un fundamento de cualquier sociedad independiente de un signo político.

Entonces que hacer como sociedad y Estado en sus tres niveles de gobierno para fortalecer los mecanismos de inteligencia fundamentales en cualquier democracia, por lo que las instituciones de policía deben ser vistas como un instrumento para protección de la democracia y sus instituciones y salvaguardar la vida de las personas y mejorar la calidad de vida.

El académico-investigador Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, Coordinador de la Maestría en Gobernanza Global de la UDLAP Jenkins School, afirmó que el Estado Mexicano es mucho más poderoso que estas organizaciones criminales, pero el análisis de costo-beneficio y de riesgo para cometer este atentado que no se había visto tiempo atrás, ya que la ciudad de México es una de las más video vigiladas ya que el C5 tiene capacidad de seguimiento en tiempo real por lo que es muy complicado escaparse de las autoridades.

Aseguró que el ejército tiene 250 mil elementos, la marina 150 mil, la guardia nacional 90 mil elementos y más 80 mil elementos de la Ciudad de México, pero requiere de mayor organización y coordinación del Estado, ya que Miguel Angel Mancera dejó mucha inseguridad lo que queda identificado en el índice global de impunidad que elaboró la UDLAP.

Se requiere información de los funcionarios coludidos con el crimen organizado ya que en los últimos cinco años hay investigaciones abiertas de tres gobernadores de Tamaulipas involucrados con los carteles.

La fragilidad de los municipios es fuerte y se está dando la corrupción, con violencia y más de 400 políticos asesinados.

Refirió que se debe control el activo financiero de las bandas criminales y prevenir el lavado de dinero, por lo que la recomendación es combatirlo al más alto nivel con congelamiento de cuentas, por lo que debe tener capacidad para procesar todas las carpetas elaboradas.

Se requiere una policía de corte nacional para proteger a más de 125 millones de mexicanos en un territorio complicado y la estrategia debe cambiar, ya que el gobierno federal está asumiendo todas las responsabilidades de seguridad, cuando más del 80% de los delitos del fuero común son responsabilidad de fiscalías estatales y de los cuerpos de seguridad e inteligencia de los estados.

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