Germán Molina Carrillo, director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, afirmó que rectores de universidades privadas, alumnos y padres de familia, piden la intervención del gobernador para solucionar los problemas que enfrentan con la Secretaría de Educación Pública al negar de forma sistemática la expedición del título profesional a 9 mil estudiantes egresados del área de la salud de más de 80 instituciones privadas del estado.
Esto con motivo de la aplicación del oficio SEP-305.DP/211/2021 de fecha 2 de diciembre de 2021, emitido por el ciudadano Ángel Vázquez Galvez, director de profesiones de la SEP que ordena que a partir del 1 de enero de 2022 todos los programas del área de la salud para efectos de titulación deberán sujetarse a lo establecido en el artículo 17 del acuerdo del Secretario de Educación Pública.
El cual regula las opciones y formas para la obtención del título profesional, del diplomado de especialidad y de los grados académicos.
A la letra el documento dice "que los egresados del área de la salud sólo podrán obtener el título profesional, diplomado de especialidad o grado académico, mediante la opción de elaboración de tesis, con sustentación de examen de la misma".
También señala la prestación del servicio social para dichos programas que deberá ser de un período de 12 meses ininterrumpidos, conforme a la 35a Base de las Bases para la instrumentación del Servicio Social de las profesiones para la salud, que establece que la "la práctica del servicio social tendrá una duración de 12 meses continuos y se efectuará en los lugares que para este efecto tengan disponibles la Secretaría o las instituciones de servicio o las de educación superior.
Al citado oficio corre anexo el catálogo de las áreas de conocimiento que serán consideradas como pertenecientes al área de la salud por parte de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) el cual fue emitido en octubre de 2018 y vigente a partir de esa fecha.
Se debe aclarar que hasta antes de la emisión del referido oficio solo se aplicaba el criterio servicio social de doce meses y que sólo se realizará en instituciones de salud a las carreras de Medicina y Enfermería.
AFECTA A LOS ESTUDIANTES
Germán Molina Carrillo aseveró que lo anterior ha originado una grave afectación para un número superior a los 9 mil egresados de las más de 80 instituciones privadas del estado que imparten programas de la salud, vulnerando de manera flagrante sus derechos humanos, sin observar el interés superior de los estudiantes y vomitando el derecho a ejercer la profesión, el derecho a un libre desarrollo de la personalidad obstaculizando su incursión al mercado laboral, negando el acceso a mejores condicione de vida y poniendo en grave riesgo a sus familias, lo que se traduce en una grave problemática que afecta la fibra social.
Todo esto derivado del actual del director de profesiones que a sabiendas de que durante los últimos 35 años la propia Secretaría de Educación Estatal validó el servicio social de los estudiantes por seis meses y autorizado otras formas de titulación como son : por promedio, por estudios de maestría y por conocimientos generales, esto a través de los reglamentos de titulación a las instituciones, mismos que fueron autorizados por la Secretaría, la que ha suscrito las actas de exámenes profesionales de los estudiantes.
Explicó que el servidor público ordenó aplicar dichas normas en forma retroactiva a estudiantes de generaciones anteriores y de esta manera y de forma sistemática les está negando la expedición del título profesional, bajo el argumento que los egresados deben acreditar el servicio social por un año forzosamente en instituciones del sector salud ( que tienen insuficiencia de campos clínicos) y titularse por tesis, con lo que anulan las actas de exámenes emitidas y en algunos casos las maestrías cursadas.
RECTORES PIDEN LA INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR
Con el director de profesiones y la directora de educación superior particular para buscar una solución al problema, sin que hasta este momento hayan tenido una respuesta positiva, por lo que piden la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Justicia Federal mediante juicios de amparo indirecto lo que puede tardar de 6 a 12 meses, por lo que hicieron la denuncia pública y piden la intervención del gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta para que se busque una solución y no se afecten los derechos de los miles de egresados, dado que muchos de ellos ya cuentan con el acta de examen profesional y sólo están a la espera de su expedición de su título para tramitar su cédula ante la Dirección General de Profesiones y poder ejercer la licenciatura que cursaron.