Es un enorme reto que los organismos de impartición de justicia tengan los mecanismos tecnológicos con el uso de las plataformas digitales para poder aplicar las leyes y procedimientos de la disciplina del derecho, afirmó Yen Aguilar Texas, académica de la Facultad de Contaduría Pública de la BUAP.

Se vive en un país que dentro de sus principios fundamentales está el principio de legalidad, en donde todas las normas deben establecer con claridad los derechos y obligaciones de los ciudadanos, y las atribuciones de los poderes federales y locales, para que de esta manera, todos convivan en concordancia con las normas que aplica el derecho.

Argumentó que con los nuevos retos que generó la pandemia es necesario hablar de los sistemas y plataformas de impartición de justicia, porque estos no pueden implementarse si la normatividad no se encuentra vigente.

En materia civil y familiar el dilema consiste en la creación de los códigos de procedimientos civiles que permitan el desahogo de estas actividades de una forma más adecuada.

Recordó que en materia fiscal-administrativa ya se tenía tiempo implementando la impartición de justicia a través de plataformas digitales, pero aclaró que no en todas las áreas del derecho se tuvo esta aceptación.

En el poder judicial de cada entidad federativa se ha visto el enorme reto de implementar estas tecnologías, sin embargo, es conocido que con la crisis sanitaria se presentaron dilemas económicos, por lo cual se tuvo un impacto en la adquisición de mecanismos tecnológicos para coadyuvar a agilizar los procedimientos judiciales.

En algunas entidades federativas se tuvo que implementar de manera rústica las citas por medio de teléfono o correo electrónico, pero es necesario avanzar, reconoció la académica.

Las juntas de conciliación y arbitraje hicieron lo propio para realizar las audiencias de manera virtual utilizando diversas plataformas, pero el reto está puesto en la mesa, porque la pandemia ha llevado a implementar las tecnologías de información no solo en la impartición del derecho, sino en todas las áreas de la vida humana.

Por lo que es una invitación a los ciudadanos y profesionales del derecho a que se tenga acceso a la justicia aplicando estas herramientas digitales, por lo que es evidente que el bien jurídicamente tutelado requiere que los organismos de impartición del derecho generen estrategias para alcanzar los objetivos deseados en la materia.