Después de la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio  de 2011 en el Diario Oficial de la federación, que repercute en la tutela de los mismos y, desde luego en las garantías individuales o del gobernado, las que con esta reforma dejaron de ser denominadas con el calificativo de individuales para ser conocidas sólo como “garantías”,  la gran mayoría de los mexicanos pensamos que se abría una nueva etapa en esta materia y que ahora sí las autoridades de los tres niveles de gobierno asumiría un papel de respeto evitando los abusos de poder y los actos que atentan contra éstos.
 
Sin embargo, la realidad nos ha demostrado todo lo contrario: debido a que, no sólo al interior del país sino en el ámbito internacional, México hoy es considerado uno de los países a nivel de América Latina donde más se violan los derechos humanos y se van acumulando cada vez un mayor número de denuncias y expedientes ante organismos como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los que han llegado un número importante de asuntos que no fueron resueltos en el país, al verse rebasada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se ha convertido en un ente decorativo sin ningún peso, ni autoridad para hacer valer sus recomendaciones y acuerdos en contra de los Gobiernos y autoridades.
 
Ejemplos sobran y por ello una gran mayoría de ciudadanos no confía en que las Comisiones Estatales y la Nacional, les puedan resolver sus quejas y denuncias por violaciones a sus derechos, por el contrario, el solicitar la intervención de dichos organismos, lejos de mejorar las cosas, ha significado ser víctima ahora de amenazas abiertas y veladas en contra de los denunciantes y sus familiares, sin que exista ningún medio de protección del ciudadano que se ve obligado a abandonar el trámite o a desistir del mismo para evitarse mayores problemas.
 
El caso de Puebla lo considero aún más grave debido a que, desde el inicio de la actual administración, lo que ha prevalecido es la cerrazón al diálogo con los grupos ciudadanos y la falta de acuerdos para resolver los conflictos y cuando se ha logrado abrir una mesa de concertación lo único que se ha conseguido es polarizar las cosas y encarcelar a quienes encabezan los movimientos, inventándoles delitos, logrando sembrar el miedo entre sus seguidores y mandándoles el mensaje de que puede ocurrirles lo mismo si continúan exigiendo respeto a sus derechos; no por ello en los últimos años, diversas Organizaciones No Gubernamentales han decidido dejar de apoyar las luchas ciudadanas y presentar propuestas a las autoridades, ante el temor de que sean considerados como enemigos del Estado y por ello puedan ser sujetos de una orden de aprehensión o de una intromisión en sus domicilios.
 
Ni los diputados de todas las fracciones del Congreso ni la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se han preocupado por esta situación, ya que lo más importante para ellos ha sido conservar sus privilegios e ignorar las demandas de los grupos de la sociedad civil.
 
De ahí que sólo legisladores como Roxana Luna Porquillo del PRD y Manuel Bartlett Díaz, senador de la República, han asumido la defensa de quienes hoy se encuentran en una prisión en forma injusta de quienes decidieron organizarse para manifestar su inconformidad ante abusos de las autoridades.
 
Por lo tanto, es momento de revisar el papel que han desempeñado en este tema quienes aspiren a ganar la minigubernatura en 2016, no podemos repetir la historia de injusticias y violaciones a nuestros derechos, que hemos vivido en los últimos años.